UNGASS 2016

Terminado por ahora el ciclo público y formal de la discusión sobre una política con nuevo enfoque para enfrentar el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016), vale la pena analizar cuánto de aquello que decimos en escenarios internacionales estamos efectivamente haciendo en Colombia respecto del manejo interno del problema de la droga.

La propuesta del Gobierno Nacional tiene cuatro elementos: a) Prevalencia de un enfoque de derechos humanos; b) Flexibilización de las convenciones globales para dar mayor autonomía nacional; c) Enfoque de salud pública para atender a los adictos; y d) Combate a las grandes mafias y organizaciones criminales. Todo lo anterior, entre otras cosas, implica dar un tratamiento más humano a los pequeños cultivadores y a los consumidores, desarrollando programas de atención en salud y prevención, enfocar esfuerzos de seguridad para combatir principalmente las ganancias de los traficantes, permitir la investigación científica y el uso medicinal de algunas de estas drogas y trabajar en sustitución de cultivos y creación de alternativas para aquellos que se dedican al negocio de la droga. Por supuesto hay que desterrar la pena de muerte para traficantes individuales y proscribir la penalización del consumo en todas sus dimensiones.

Colombia, esa es la verdad, ha avanzado parcialmente en este enfoque y sería interesante que el país llegara a UNGASS 2019 para hablar de estos temas con algo más de autoridad en aquello que recomienda globalmente. Aquí no hay pena de muerte ni para adictos ni traficantes, a los consumidores no se les encarcela y por la vía judicial se ha logrado que los adictos puedan acceder vía POS a tratamientos y medicamentos para curarse de sus adicciones. En el país desde hace años existen programas de desarrollo alternativo para desestimular el cultivo de coca y recientemente se ha expedido un decreto que permite comercializar y producir usos medicinales de la marihuana. Hasta ahí.

Ahora bien, nuestra política ha sido extraordinariamente débil para prevenir la iniciación al consumo y hemos abandonado a nuestros niños y jóvenes en las manos de traficantes que se ubican en las puertas de los colegios. Más que el Gobierno, las Cortes son quienes han liderado desordenadamente el derecho de los consumidores, incluso eliminando aquello que hasta hace poco era conocido como la dosis mínima. No hemos podido desarrollar programas sostenidos de prevención de consumo y en la práctica el adicto no tiene restricciones en cuanto espacios para consumir, pudiendo hacerlo con plena libertad en parques o colegios. Hace rato se extinguieron las campañas de comunicación que buscan dar información para prevenir el consumo y orientar a los adictos y los programas nacionales en la materia son casi inexistentes. Información oficial indica que el Ministerio del Interior desarrolla programas de prevención que no alcanzan a valer ni $5.000 millones y cuyo impacto apenas alcanza las 20.000 personas. Se eliminó el glifosato como instrumento para erradicar cultivos, pero la estrategia de sustitución ha sido, con contadas excepciones, un generalizado fracaso, y por esa misma vía va la búsqueda de los activos de los narcotraficantes.

Así las cosas, ojalá esta reunión de la ONU sirviera no sólo para predicar nuestra manera de ver las cosas, sino que avivara el sentido de urgencia de las autoridades públicas para lograr el principal objetivo de cualquier política de salud en la materia, y es que menos personas se conviertan en esclavos del consumo de las drogas.

@NicolasUribe