Volver a lo importante

Con la llegada de la Navidad, mientras varios medios quieren abrir un prematuro debate sobre los candidatos a la Presidencia de la República, la atención del país se aleja de los temas realmente importantes, como la discusión sobre la incorporación del Acuerdo de Paz al ordenamiento jurídico y el contexto para su implementación, particularmente en el campo.

Porque aun los más entusiastas defensores del Acuerdo de La Habana muestran desconcierto y hasta perplejidad por el fallo de la Corte Constitucional sobre la refrendación del Acuerdo y el llamado fast track. La revista Semana habla de la confusión que ha creado el fallo y el jurista y columnista de El Espectador Rodrigo Uprimny, aceptando que en este caso es inevitable una solución trágica (porque dos o más valores entran en contradicción, en este caso la paz y la protección de la Constitución), argumenta que, en su opinión, el acuerdo requiere alguna forma de refrendación directa por parte de los ciudadanos para tener plena legitimidad y para proteger la Constitución.

Entre tanto, el editorial de ayer de El Espectador afirma que son ya 114 los líderes sociales defensores de los derechos humanos que han sido asesinados en el curso del año y, haciendo eco a un comentario de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuestiona por qué el Estado no está copando los espacios que están dejando las Farc a medida que se desplazan a sus sitios de concentración. Por su parte, las Farc, al anunciar que han expulsado de sus filas a cinco jefes disidentes, generaron cierta perplejidad, aún entre varios analistas que, hasta hace muy poco, argumentaban que esta organización era centralizada y monolítica y controlaba a todos sus frentes y columnas, lo que daba una verdadera garantía más para el éxito del proceso de paz.

Y, para añadir a este inquietante cuadro, en la instalación del foro “Comunidades seguras y en paz”, organizado por Foros Semana y la Policía Nacional, la semana pasada en Bogotá, el director de la revista Semana, Alejandro Santos, anunció que las siembras de coca en Colombia han sobrepasado las 200.000 hectáreas y que un alto funcionario del Estado le contó que la cifra puede alcanzar las 230.000. De todas las situaciones complicadas, esta es también muy preocupante, porque, de confirmarse esta cifra, el flujo de recursos ilícitos que está entrando al país sería de una magnitud muy considerable. Porque para nadie es un misterio que el narcotráfico y la minería ilegal son parte esencial de las condiciones objetivas que alimentan a los grupos armados ilegales que desafían a las autoridades. En algunas zonas, como Tumaco y sus áreas rurales, la violencia ha adquirido un nivel realmente crítico.

Mientras el director de la Policía, general Jorge Hernando Nieto, afirma que “cada espacio que dejen las Farc será ocupado por la Fuerza Pública”, el mencionado editorial de El Espectador argumenta que eso no está sucediendo y se pregunta si esto es un problema insuperable y, de ser así, además se cuestiona cómo podremos hablar de posconflicto.

Por todas estas razones, los ciudadanos de este país deseamos que el debate nacional se centre en los temas verdaderamente importantes y, en particular, esperamos que las Fuerzas Armadas y de Policía tomen a la brevedad las medidas necesarias para ejercer el monopolio de la fuerza legítima sobre todo el territorio.