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El nuevo ministro de Justicia Jorge Londoño es un funcionario que ha tenido dificultades con el sistema judicial. Paradójico.
Según los reportes de medios, dos de sus hermanos han sido vinculados en procesos por narcotráfico y para el año 2010, el ahora ministro tenía 123 procesos que se adelantaban en su contra en la Procuraduría General por problemas cuando fue Gobernador de Boyacá. (Ver Lo bueno y lo malo de los 100 días de Londoño)
Ahora bien, aunque en los procesos de la Procuraduría ha salido airoso, hay dos investigaciones que llaman la atención puesto que un funcionario cercano y de confianza de Londoño no corrió con la misma suerte.
La historia va así. La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, emitió una sentencia el 18 de marzo de 2010 en contra de los señores Jorge Eduardo Londoño Ulloa, como gobernador para la época de los hechos, y Raúl Alberto Cely Alba, en su condición de secretario de Hacienda de la gobernación y persona nombrada por Londoño.
La sentencia los inhabilitó para ejercer cargos públicos por 12 años para el hoy ministro de Justicia y 15 años para su funcionario Cely.
Básicamente, una muerte política.
La sanción que se le impuso tenía que ver con una queja por presuntas irregularidades en un contrato de suministro de dotaciones, específicamente por no publicar el informe de evaluación a tiempo y por la violación del principio de selección objetiva pues el contrato se adjudico a dedo “transgrediendo los principios de responsabilidad y transparencia”. (Ver Primera instancia contra Londoño)
Ahora bien, el 25 de marzo de 2011, en el fallo de segunda instancia, el procurador general Alejandro Ordóñez, metió la mano y resolvió el recurso de apelación de los procesados revocando el fallo de marzo de 2010 y dictando un absolutorio a favor de Londoño y Cely. (Ver IUS 1614725-2006 - 25 Marzo de 2011)
El procurador fue categórico al decir que contra su decisión no procedía recurso alguno y ordenó levantar las anotaciones que se hubieran hecho. Eso salvó a Londoño que acababa de ser elegido como Senador de la República pero le dejó cierta deuda con Ordóñez que después supo pagar.
En el segundo caso ocurrió algo similar.
En ese proceso se impuso una sanción por la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal por un contrato de derechos publicitarios que le adjudicó la Gobernación de Boyacá a la sociedad de Chicó Futbol Club.
El ente investigador dijo que el departamento debió abrir una licitación pública para adjudicar el contrato No. 0061 del 29 de Marzo de 2005 por dos razones: 1. el valor del contrato que era de $690.000.000 de pesos y 2. había otros oferentes, aparte del Chico F.C que podían “promocionar y posicionar el nombre del departamento”.
Además del contrato del 2005 la Procuraduría Regional de Boyacá advirtió que existía otro contrato entre las mismas partes, el No. 0024 del 17 de Enero de 2006, que también tenía problemas por ser adjudicado a dedo esta vez por $500.000.000 de pesos. Una platica.
En primera instancia la sentencia del 25 junio de 2008 del Procurador delegado calificó como gravísima la falta y le atribuyó el titulo de dolo. Posteriormente, el 11 enero de 2011 el fallo de segunda instancia de Ordóñez dijo que no existía “prueba de que la falta del investigado se hubiera cometido a título de dolo, como en principio se le imputó”. Dijo además que los hechos probados permitían una imputación a título de culpa grave para Londoño pues confió en el funcionario al que le delegó la competencia de contratar. (Ver IUC-021-151885-06-2 - Enero 2011)
A Cely se le dio una sanción por 10 años y al hoy ministro le dieron suspensión del cargo por 2 meses convertida en una multa de $6.424.498 de pesos. (Ver Decreto 1023 del 4 de Abril de 2011)
En un proceso aparte, Cely fue condenado en el 2012 por la Fiscalía a cuatro años de prisión por el delito de firma de contratos sin requisitos legales cuando se desempeñó como asesor jurídico del municipio de Cómbita. Una joya jurídica la que Londoño escogió para ser su secretario de Hacienda. (Ver Prisión para exasesor jurídico del municipio)
Ahora bien, se podría decir que la salvada que le pegó el Procurador al exgobernador, fue después restituida en su papel de Senador.
El 27 de noviembre del 2012 se celebró en la Plenaria del Senado la elección en la que se reeligió a Ordóñez como Procurador. El señor Londoño votó a favor de esa reelección en una difícil jornada donde no se aceptaron inhabilidades a los congresistas. Insólito. (Ver Gaceta 62 de 2013 Senado de la República)
Esto originó que Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas y otros entes solicitaran la nulidad de esa votación lo cual produjo que el 13 de septiembre del 2013 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abriera una investigación a 27 senadores por irregularidades en esa votación. (Ver Acción de Nulidad Procurador)
Entre los senadores que fueron investigados se encuentra el excongresista Londoño.
Esto no hace al ministro Londoño culpable de nada, pero si un personaje con un expediente extenso de encontrones con la justicia. Posiblemente todo lo contrario de lo que se esperaría del jefe de esa cartera.