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María Elvira Samper 8 Jun 2013 - 10:00 pm

Otra comisión inútil

María Elvira Samper

En 2004, la Ley 906 Estableció el sistema penal acusatorio, que fue vendido como la panacea. Un sistema garantista, que introducía el juicio público oral, contradictorio y concentrado, que separaba las funciones de investigación y juzgamiento, con jueces de control de garantías y de conocimiento para proteger los derechos de acusados y víctimas, y que, por lo menos en teoría, privilegiaría la justicia restaurativa y mediante figuras como el principio de oportunidad, y preacuerdos y acuerdos, aceleraría la solución de los casos y significaría menor desgaste de la administración y menores costos. En resumen, el sistema prometía hacer realidad eso de la rápida, eficaz y pronta justicia.

Por: María Elvira Samper
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El objetivo general era que el 90% de los casos se resolviera por la aceptación de cargos, principios de oportunidad o mecanismos alternativos como la conciliación y la mediación, y que solo el 10% terminara en juicio oral. Sin embargo, no ha sido así por cuatro razones fundamentales: porque es ajeno a nuestras tradiciones jurídicas y la falta de preparación de jueces y fiscales permite que cada uno interprete las leyes según su criterio; por falta de recursos y de medios para la investigación; por la manía de acudir al Derecho Penal para resolver todo tipo de conflictos (hay miles de denuncias de hechos que no constituyen delito), y porque, como ha dicho el fiscal Montealegre, no se ha dejado madurar el sistema.

No lo han dejado madurar los gobiernos y los legisladores por ese prurito reformatorio que los ha llevado a hacer decenas de cambios a los códigos, la mayoría orientados a reducir las garantías procesales, a recortar beneficios por aceptación de cargos y a aumentar las penas; y por la irresistible tentación populista que los impulsa a promulgar leyes que crean nuevos delitos con el fin de darle gusto a la galería que equipara justicia con cárcel, que cree que solo hay justicia cuando se impone una pena proporcional al daño causado y que no entiende que condenas cortas o penas alternativas también son formas de hacer justicia. (solo las leyes de Seguridad Ciudadana y el Estatuto Anticorrupción crearon 18 nuevos delitos). Tampoco han ayudado fiscales y jueces que han hecho de la detención preventiva la regla y no la excepción, que abusan de las suspensiones y aplazamientos de las audiencias y que son reacios a aplicar el principio de oportunidad y mecanismos como la conciliación y la mediación; a considerar medidas alternativas para delitos de menor impacto y evitar así que siga aumentando la población carcelaria, y a reservar la cárcel solo para delitos de suma gravedad. Y también han puesto su cuota negativa los abogados litigantes que abusan de los recursos para dilatar los procesos.

La suma de estos factores acabó deformando el modelo y haciendo más difícil su implementación, y por eso de nuevo se oyen voces que reclaman medidas urgentes para evitar el colapso de un sistema que se revela ineficiente e incapaz de resolver los problemas que suponen más de 1,5 millones de procesos represados —miles apenas en etapa de indagación— y un escandaloso hacinamiento carcelario superior al 30%, con el agravante de que la tercera parte de los detenidos no tiene resuelta su situación jurídica.

Los problemas están diagnosticados de tiempo atrás por la misma Fiscalía, la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia y organizaciones como Dejusticia y la Corporación Excelencia en la Justicia, pero las soluciones no llegan y ahora, inveterada costumbre, anuncian la creación de una ‘comisión de alto nivel’ para que revise cómo está funcionando el sistema. Otra comisión inútil que, inevitablemente, llegará a las mismas conclusiones. Aquí lo que hace falta es una política criminal coherente y un modelo de gestión eficaz, pero sobre todo voluntad política.
 

  • María Elvira Samper | Elespectador.com

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