Otra reforma que se queda corta

Lamentablemente, la reforma política que el país necesita deberá esperar. Excede las posibilidades del momento.

La reforma  se desprende del  acuerdo entre gobierno y FARC del que también hace parte, incluidos detalles, la misión electoral, que desarrolla actividades actualmente, y el “Acuerdo político Nacional” a partir del cónclave citado  por el gobierno que debe terminar con un debate en el que se impondrá, todavía, la coalición a pesar de las manifiestas, y tardías, incomodidades de Cambio Radical en las discusiones de la Jurisdicción Especial para la Paz y las negociaciones con el ELN.

El principio de participación ciudadana, en el centro de las reformas,  coincide con los pendientes que tenemos con la Constitución del 91: Siendo su referente,  escasamente se ha desarrollado por lo que en una reforma, digamos estructural,  esperaríamos mecanismos expeditos que faciliten su implementación induciendo transformaciones en la cultura política. Los acuerdos son específicos en unos instrumentos para facilitar la incorporación de las FARC a la política y a eso se va a reducir esta reforma.

Se ha querido ir más lejos presentando una propuesta que incluye la extensión del periodo presidencial, el voto a los 16  y la eliminación de la Vice Presidencia, pero parecen más bien argumentos para “negociar” porque son inocuas en la lucha contra la corrupción y exceden las posibilidades políticas del Fast Track. Así lo han recordado  el Procurador y el negociador De La Calle, con razón.

Estando  claro que cualquier reforma es una oportunidad para propiciar  cambios, en este momento no es posible, básicamente, por tres razones:1) No existe  consenso, 2) El tiempo, y Cambio Radical,  “conspiran” contra la  coalición mayoritaria, y 3) No se  perfila, de cara a las presidenciales, un candidato que unifique los sectores que han acompañado los acuerdos para garantizar su continuidad.

Asi que una reforma profunda, como la que necesitamos, deberá esperar, cuando menos, hasta los inicios del próximo gobierno. Si las circunstancias políticas lo permitieran debería convocar a todos los partidos y a “la gente”. Una delegación del E.L.N debería estar presente. No puede ser, otra vez, una reforma con origen y final en el congreso.

Si algo tienen en común todas las fracasadas reformas anteriores es que estuvieron reducidas a transacciones  coyunturales restringidas a la representación en el congreso. Debe ser más incluyente, considerando la baja participación, también electoral, que intenta superar. Por las mismas razones  hacer realidad la participación  consagrada en la Constitución y conseguir su dinamización, actualización y aceptación, tampoco puede reducirse a las FARC y lo acordado. ¿Se necesitará una Constituyente?

Esperando el informe de la Misión Electoral, existen algunas cosas que sabemos y  podemos empezar a proyectar en lo que se aprobará: El corazón de la reforma debe ser el fortalecimiento de los partidos sobre los que, por estos días,  recaen justificadas críticas en Colombia y en todas partes: se trata de reducir la distancia entre los políticos profesionales y la gente, cosa que no se puede conseguir sin su propia democratización. Sus estructuras y órganos de dirección deben compartirse entre políticos de oficio y expresiones ciudadanas que reflejen las diferentes ópticas sobre  programas, objetivos e idearios. Las listas cerradas no deben ser excepción si no regla, cuando menos  los próximos 20 años. Los cambios culturales son de largo plazo.

El llamado clientelismo debe dejar de ser un cliché  con carga negativa: una cosa es la compra de votos y otra que la gente, sobre todo en las regiones, vote por quienes mejor le representan, convirtiéndose en un enlace indispensable entre ciudadanos y Estado. Eso no se puede penalizar. Ni más faltaba.

Más allá del discurso y la especulación fundamentada en teoría disponible y  “deber ser”, una reforma debe tener  metas cuantificables como: 1) Medidas concretas sobre la manera como la ciudadanía y las autoridades supervisarán la financiación de las campañas 2)Incremento de la participación electoral (lo que puede conseguirse solo forzosamente  con el voto obligatorio) 3) Metas e incremento en el número de asociaciones ciudadanas(universitarias, empresariales, comunales etc.) que supervisan la gestión de los gobiernos regionales. 3) Porcentajes de los presupuestos, también de obras públicas, que pueden ser ejecutados por esas asociaciones 4) Planeación estratégica obligatoria en los diferentes niveles de gobierno, con instrumentos de monitoreo ciudadano 5) Actualización tecnológica  de las formas de participación, mediante la reglamentación, por ejemplo, de las peticiones digitales.

Pero para ello hace falta tiempo. Puede ser parte de un programa de gobierno para 2018.

@herejesyluis

Posdata: A propósito de la coalición, y de acuerdo con los resultados de las presidenciales pasadas, el plebiscito y las encuestas, si el  Liberalismo y el partido de la U van con candidato propio, cada uno, en primera vuelta, Sergio Fajardo, acompañado del  candidato del Centro Democrático, pasarían a la segunda.