Por: Armando Montenegro

Otros dos flagelos de Bogotá

A las conocidas tribulaciones de esta sufrida ciudad se suman, por lo menos, dos más que, no necesaria y directamente, dependen de las decisiones del alcalde mayor.

La primera es la limitación del nuevo aeropuerto. Como ya se ha anotado en distintos medios, el terminal internacional que se acaba de inaugurar es insuficiente. Dispone de sólo nueve salidas, gates, las mismas que tenía antes de su supuesta ampliación. El número de pasajeros que se puede atender en las nuevas instalaciones ya fue superado en más del 25%. Esta obra no le sirve a Bogotá ni a Colombia.

Buena parte de los vuelos internacionales se atiende por medio de buses que deben llegar, a través de una intrincada red de vías, hasta aviones parqueados en lugares remotos. A medida que siga creciendo el tráfico aéreo, esta terminal será, cada vez más, una terminal de buses y no de aeronaves (esto, por no mencionar otras visibles deficiencias logísticas y constructivas del edificio que fue estrenado hace pocas semanas).

Ante la evidencia, no se entiende la satisfacción de las autoridades y las entidades de control con el nuevo aeropuerto. Pero más allá de la búsqueda de los responsables, después de reconocer los errores cometidos, es necesario que la Aeronáutica y el Ministerio del Transporte emprendan, cuanto antes, el diseño y la construcción de un moderno aeropuerto para Bogotá.

El otro problema de Bogotá es la creciente corrupción de su policía de tránsito. Todos los días se conocen reportes del afán de los agentes para vaciar las billeteras de los conductores. Con la amenaza de la inmovilización de los vehículos y el pago de las multas, a raíz de la falta de algún documento o de una infracción cierta o imaginaria, se exige efectivo con destino a los amplios bolsillos de los uniformados.

Este es otro retroceso en la vida de Bogotá. Después de que la horrible policía distrital de tránsito, abrumada por su podredumbre, fuera liquidada por el alcalde Mockus en 1997, sus funciones fueron asumidas con notable éxito por la Policía Nacional. Quizás como contagio de la corrupción que irradiaba de la cúpula de la administración anterior, desde hace algún tiempo se viene notando, otra vez, el crecimiento de las mordidas y las coimas que exigen los agentes de tránsito.

Según algunos observadores, el avance de este fenómeno ha sido favorecido por las altísimas multas y el oneroso castigo de la llamada inmovilización (puesto que los carros pueden ser dañados o desvalijados en los patios, el decomiso del vehículo incrementa de manera absurda e imprevisible el costo de la sanción). Con costos tan altos, han aumentado de manera dramática los incentivos para que se produzcan las transacciones en efectivo entre los policías y los conductores.

Es urgente emprender una campaña para reducir la corrupción de la policía de tránsito de la ciudad. Además de la prédica de la moralidad, la imposición de controles, el estímulo a las denuncias y los castigos a los responsables, es indispensable que se racionalicen los costos económicos de las multas y que se elimine la mayoría de los eventos que se sancionan con las inmovilizaciones.

De otra forma, la ciudadanía de Bogotá se acostumbrará, como en el caso del aeropuerto y otros servicios esenciales, a convivir con una situación que en cualquier otra ciudad del mundo sería completamente intolerable.

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