Palos de ciego

No disminuyen las reacciones críticas de los colombianos, frente a la gestión de su gobierno, después del fallo sobre San Andrés.

Según las últimas mediciones de opinión, el único funcionario del alto gobierno que mantiene una imagen favorable superior a la desfavorable, es el vicepresidente de la República. Sus responsabilidades en este caso –si las tiene- son mínimas.

Sin embargo, hay que mirar más allá de las encuestas. Por su propia naturaleza el derecho internacional es una disciplina compleja. Cobró importancia y comenzó a generar acatamiento, como expresión de normas jurídicas capaces de regular relaciones entre estados, en la medida en que se fue revisando el principio de la soberanía. Hoy su alcance se proyecta hasta los ámbitos interinstitucionales y obra a favor de la organización de una comunidad internacional que contribuya a la convivencia pacífica.

Por eso, frente a fallos como este no se puede reaccionar emocionalmente. Alguien dirá que, por razones de política interna, resulta impopular para el gobierno expresar el compromiso de acatarlo. Pero por razones jurídicas –incluso de política internacional- desconocerlo acaba con décadas de esfuerzo dirigido a la construcción de instituciones que permitan dirimir conflictos internacionales a base de una relación civilizada.

El gobierno colombiano nombró un nuevo equipo asesor integrado por juristas de la mayor respetabilidad. Lamentablemente sólo uno de sus miembros es especialista en derecho internacional. Los demás no tienen experiencia en esa disciplina como para alcanzar a producir suficiente confianza en el ciudadano promedio. El fracaso de la ministra Holguín y del ex canciller Londoño justifican todos los temores actuales.

Políticamente Colombia necesita superar –como lo escribió Arlene Tickner en “El Espectador”- su parroquialismo en materia de política internacional, integrarse al Caribe, recuperar capacidad de maniobra diplomática en lo que puede ser el nuevo centro geopolítico de la región. Ahora no podemos aparecer como el rufián del barrio mientras, quien parecía serlo, asume postura de estadista y llama a su homólogo, el presidente Santos, a sostener un diálogo fraterno que acompañe los desarrollos del fallo.

En su columna de “El Universal” de Cartagena Edmundo López Gómez subraya la declaración de Ortega en México, en el sentido de que “reconocerá los derechos históricos de los raizales de San Andrés sobre la pesca”. La destaca como un hecho nuevo, que no está considerado en la sentencia de la CIJ y que, por lo mismo, podría explorarse como motivo válido para demandar su revisión. No sobra repetirlo: necesitamos grandes dosis de creatividad política y de imaginación jurídica. Pero también algunas rectificaciones. No podemos seguir dando palos de ciego.

*Ex senador, profesor universitario, atm@cidan.net