¿Para quién juega el ministro?

En carta abierta, la Red de Justicia Tributaria ha solicitado al ministro de Hacienda aclarar su réplica, según la cual es falso afirmar que las empresas financieras y mineras paguen menos impuestos que una sociedad de otros sectores.

Pues bien, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado este año por el propio Gobierno, entre los sectores financiero y minero aglomeran $3,3 billones de rentas exentas, del total de $8,8 billones que denuncia.

De otra parte, en estudios consignados en el informe sobre minería en Colombia, publicado recientemente por la Contraloría General de la República, se detalla con cifras oficiales que la participación del excedente bruto de explotación (medido como sus ingresos por concepto de impuesto de renta, IVA, impuesto de patrimonio y regalías) fluctuó entre el 5% y el 15% en el caso de la explotación del oro y entre el 11% y el 27% para el caso del carbón, es decir, una tarifa efectiva de tributos inferior a la de un asalariado cuya tarifa efectiva de pago por impuesto de renta llegó al 33% con la reforma tributaria de hace dos años.

Por si fuera poco, la práctica de poder descontar gastos para bajar la base gravable y diluir la utilidad contable a casi cero para pagar menos impuestos es una perversión regresiva o en contra de la cacareada equidad, que a ojos del propio Banco Mundial le cuestan a la Nación alrededor de $25 billones (ver Informe sobre gasto tributario en Colombia 2012).

Y todo lo anterior sin considerar los regímenes de devolución de impuestos, como el plan Vallejo, del que se benefician empresas mineras exportadoras, ni los beneficios de zonas francas que, por cuenta de estudios del Banco de la República, no han representado mucho avance en competitividad como nos lo hicieron creer inicialmente.

Las exenciones existen, ministro, y los sectores beneficiados no son precisamente los más generadores de empleo. La minería es intensiva en capital por naturaleza y el sector financiero busca siempre economías de escala y sistematizar procesos. Por ello, no es aceptable que, después de una reforma tributaria como la de 2012, que golpeó a los asalariados, se escondan las exenciones al capital, quedando claro para quién juega.

José Roberto Acosta *