Parió la abuela

A Colombia le entra sin calzador el viejo dicho de las calamidades: éramos 14 y parió la abuela.

Las distintas vertientes del establecimiento político se han venido ensuciando casi que en simultánea. Primero fue Cambio Radical, que repetidamente llevó al gobierno en la Guajira a unos mandatarios que terminaron en la cárcel por todo tipo de delitos graves; luego vinieron las revelaciones sobre la carambola turbia —otra más— que hizo la campaña de Óscar Iván Zuluaga para contratar al analista brasileño “Duda” Mendoça con la ayuda “desinteresada” de Odebrecht; y lo que faltaba: la saga de Roberto Prieto y Andrés Giraldo, cuyas torpes versiones sobre los tratos innegables que tuvieron con Otto Bula, un malandro de abultado prontuario, pierden credibilidad día tras día. Al presidente Santos le corresponde, por lo menos, la responsabilidad de haber escogido mal a su gerente de campaña. Sobra decir que la cosa no va a quedar así. Vendrán revelaciones a raudales durante todo el año. Mucha gente considerada respetable se verá enlodada. Media docena de elefantes pasaron en estampida por la cristalería y ahora vemos el reguero de destrozos por el piso. Patético y doloroso.

La primera consecuencia inevitable de todo esto es que la gobernabilidad de Santos se va a debilitar mucho en el año y medio que queda de segundo mandato. El previsible sálvese quien pueda que emprenderán los que quieren salvar el pellejo minimizará el alcance de las políticas en todas las dependencias oficiales. He oído por ahí que se piensa usar el fast-track para hacer cambios audaces, como por ejemplo una reforma de fondo del sistema electoral. Intentar algo semejante en este momento sería una forma de suicidio, pues la legitimidad para intentarlo simplemente se ha desvanecido. Dicho de otro modo, al Gobierno lo que le corresponde es implementar el Acuerdo Final de Paz cuidándose de no dar saltos mortales y, de resto, gestionar en forma razonable el Estado sin pretender nada salido de lo ordinario. Después, el 7 de agosto de 2018, deberá entregar el puesto a quien gane las elecciones.

Pese a que algunos desean un énfasis distinto, el tema de la corrupción ya se instaló de lleno como el principal de cara a las elecciones de 2018. La campaña anticorrupción emprendida por Claudia López y un grupo de allegados de seguro sobrepasará los cinco millones de firmas que busca. El proceso les dará a sus protagonistas una gran visibilidad, lo que es bueno y peligroso a la vez, pues están obligados a confeccionar un plan de gobierno viable y a lanzar una candidatura presidencial creíble. ¿Tienen con qué hacerlo? Esperemos que sí, aunque para ello tendrán que cortar por lo sano y tomar decisiones difíciles, que ante todo consisten en decir no a muchas ideas populares pero inconvenientes que circulan por ahí.

Decía yo aquí hace un par de semanas que el otro factor que buscarán los electores el año entrante será una garantía en el ejercicio de la autoridad, tan debilitada en los últimos siete años. Ahora resulta que ambos temas —corrupción y autoridad— están entreverados. O sea que el primer acto de autoridad que la gente quiere de un político es que tome decisiones concretas que permitan derrotar la corrupción. No bastará, por supuesto, con la consulta popular que propone Claudia. Se trata de cambiar, ni más ni menos, la forma de gobernar a Colombia. Debemos discutir entre todos exactamente qué (y qué no) significa esto.

andreshoyos@elmalpensante.com, @andrewholes