Paro de maestros

Gonzalo Hernández
06 de junio de 2017 - 03:00 a. m.

Es obvio que la desigualdad, la pobreza y la exclusión en Colombia no son asuntos recientes. Es obvio que el sistema educativo de nuestro país, el de la mayoría de los colombianos, el de los más pobres, es deficiente e injusto. No les da a muchos la posibilidad de escapar de la tragedia de la exclusión que vivieron sus padres y abuelos. Y es obvio, también, que aquellos maestros que más apoyo necesitan en su trabajo heroico en las zonas rurales distantes, o en los anillos de miseria urbanos, son los que menos formación e infraestructura tienen.

Después de pasar por una escuela, millones de niños se gradúan para participar en una economía mediocre. La educación en Colombia está enganchada a una economía que no genera empleo con dinamismo, es informal y de baja productividad, con miles de jóvenes bachilleres que, en el mejor de los casos –cuando no son reclutados por la economía de la destrucción-, pasan sus días tratando de vender productos y servicios de baja calidad para sobrevivir, sin posibilidad alguna de aumentar sus capacidades o las capacidades productivas del país. Todos los días vemos una juventud desperdiciada, allá afuera, bastante afuera, de las pequeñas burbujas en las que hablamos de talento, innovación y progreso.

Por cuenta de este país segregacionista, la reivindicación social siempre termina en el peor de los escenarios; esta vez, con un paro de maestros de casi un mes, donde los docentes parecen forzados a agarrarse de un poder de negociación perverso en el que la desatención a los niños es su más importante instrumento de influencia. ¡Qué absurdo! No puede ser que la reivindicación social pase por el sacrificio de aquellos que más educación necesitan.

Es necesario entonces un fortalecimiento democrático de los maestros, padres y niños vinculados a la educación pública. Y es necesario el fortalecimiento de la educación pública. Pero, primero, Fecode debe concederle a la sociedad, no al Gobierno, la suspensión del paro. A cambio, debe darse la convocatoria de una comisión de estudio y verificación independiente, con diferentes representantes de la sociedad: padres de familia, academia, sector empresarial y medios de comunicación, para evaluar el cumplimiento de los compromisos pactados en años anteriores.

Si hay incumplimiento, el Gobierno debe responder, así el presidente haya anunciado un día antes del paro que el Gobierno no tiene los recursos para atender el pliego de peticiones. Tendría que redistribuir gastos (¿menos gasto militar?) o incrementar el déficit fiscal y que muy pronto se financie con impuestos a los más ricos.  Los medios de comunicación deben comprometerse a hacer público todo el chequeo de esa comisión. Es inaceptable tener paros que se refieren una y otra vez a acuerdos alcanzados previamente.

De esta coyuntura podrían derivarse mecanismos participativos útiles para examinar políticas de mediano y largo plazo. El movimiento sindical, por ejemplo, debería hacer propia la propuesta de crear incentivos para que mejores profesores lleguen a las zonas remotas y pobres de Colombia, con más remuneración, incluso si se renuncia, por ahora, a las exigencias de los maestros que están en mejores condiciones. Esto le daría mayor legitimidad al movimiento y más apoyo popular para demandas futuras.

Coletilla. Sin la guerra, el abandonó del país seguirá pasando factura hasta que lleguemos a nuevos consensos sobre el desarrollo para Colombia. Solidaridad con los bonaverenses que reclaman derechos básicos, entre ellos acceso a agua y alcantarillado.

* Profesor Asociado de Economía y Director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana.

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