Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Parques nacionales, minería y ganadería

Entre las reacciones al artículo anterior, titulado “Parques nacionales, turismo y desarrollo local”, la más insistente fue aquella que señalaba que antes del turismo debía tratarse el tema de minería y ganadería dentro de los Parques Nacionales (PNN).

Dos fenómenos que según algunos lectores hoy generan mayores impactos que el turismo.

Cada tema hay que tratarlo por separado. Minería en un PNN es a todas luces inaceptable. Según una publicación de El Espectador (marzo 22 del 2013), la Procuraduría solicitó a la Agencia Nacional Minera cancelar 37 títulos mineros que han sido otorgados en áreas de Sistema de PNN. Esta es una ilegalidad macondiana, a la cual se suma toda la minería que no tiene ningún título y que se adelanta en las narices de las autoridades, como es el caso del PNN Farallones de Cali. Su ilegalidad es indiscutible y el control de esta actividad corresponde a la Policía y al Ejército que, como entidades responsables de defender la ley y el orden, deben priorizar la defensa de las áreas del Sistema de PNN para iniciar la ofensiva total contra la minería ilegal. Sin duda, la ilegalidad que más atenta contra nuestro patrimonio natural es la minería en un PNN. Si el Estado nacional no es capaz de controlar esta actividad en los PNN, nos quedan pocas esperanzas de contar con él para ordenar el uso del espacio en el territorio nacional.

Caso distinto, pero igualmente grave, es el de la deforestación y las quemas asociadas a actividades agropecuarias y especialmente a la ganadería en áreas del sistema de PNN. La deforestación promedio en los últimos 5 años ha sido de 18.000 hectáreas por año dentro del sistema de PNN. Esta cifra es preocupante, pues nos demuestra que a nivel nacional aún no hemos logrado que los PNN de Colombia, patrimonio nacional y de la humanidad, sean efectivamente en su totalidad áreas de conservación. Si bien una fracción de estas quemas es accidental, la mayor parte de ellas está asociada a la ganadería, actividad muy extendida en los PNN, adelantada por productores que tienen títulos de propiedad en algunos PNN.

Según la legislación, cuando se crea un PNN y existen propietarios privados en su área, el Estado colombiano queda en la obligación de comprar dichos predios y mientras no los compre, el propietario puede adelantar allí actividades productivas, siempre y cuando no atenten contra la conservación ni los planes de manejo del PNN. La única manera de erradicar las vacas de los PNN es que el Estado asigne los recursos para adquirir los terrenos privados dentro de los PNN. Este es un principio básico de soberanía nacional sobre los PNN.

En predios ya adquiridos por el Estado, el ganado debe ser tratado como especie invasora, ser cazado o capturado, entonces solicitar a su propietario el pago de una multa por el descuido de permitir que el animal pastoree dentro del área protegida. Para esto, la colaboración de la Policía Nacional es indispensable.

Como vemos, tienen razón los lectores: Nuestros PNN aún distan de ser el paraíso de conservación que soñamos. Es urgente que el Gobierno central financie adecuadamente a la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales de Colombia.

 

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