Por: Rodolfo Arango

Participación, representación, deliberación

Vivimos en un mundo y en un país no libre, sujetos a estructuras de dominación que impiden que todos participen en la vida política, presenten sus posiciones al foro común y deliberen sobre el interés general.

Los intereses burocráticos y los poderes económicos no favorecen la participación, la presencia popular y la deliberación pública en el ejercicio del poder político. La crisis de la democracia, de los canales participativos y de las formas de representación viene a acrecentar la desconexión entre la voluntad de las bases y el accionar efectivo de los políticos profesionales.

La reflexión viene a cuento cuando se inicia la negociación sobre el segundo punto de la agenda en La Habana entre el Gobierno, representante del gremio empresarial, de los estamentos militar y policial, y de las élites sociales, y la guerrilla marxista leninista, vocera de los intereses campesinos y populares. Unos y otros pretenden rehacer las formas de gobierno y de participación política a nombre de todas y todos los colombianos, para luego someter los acuerdos a algún proceso de refrendación. En la loable intención de construir la paz, que defendemos y respaldamos decididamente, valdría la pena no concentrarse tanto el reparto milimétrico de poder entre los grupos en pugna, cosa importante, sino en idear fórmulas de futuro, válidas y convenientes para todos. La complejidad del desafío hace aconsejable distinguir entre las medidas inmediatas para la reincorporación de las guerrillas a la vida civil y política de forma que dejen para siempre las armas, y las reformas estructurales, de hondo calado, que podrían cambiar la fisionomía político-territorial y el sistema electoral del país. Dentro de las primeras están la atribución de curules en circunscripciones de paz; el apoyo a la formación de organizaciones políticas que encaucen las fuerzas revolucionarias; la organización de la seguridad y protección de los nuevos actores políticos, previa la dilucidación de su situación jurídica. En las segundas podrían barajarse el modelo político territorial colombiano (federal, autonómico, descentralizado); el sistema electoral (mayoritario, proporcional o mixto), contemplando la excelente propuesta del senador John Sudarsky consultable en http://www.youtube.com/watch?v=RD7QM6_VH3Y&noredirect=1); y la democratización de los medios de comunicación para hacer la política pluralista, deliberativa y sensible a los procesos de formación de las preferencias en el proceso de construcción del interés colectivo.

En las negociaciones sobre participación política el foco debería estar no sólo en los representantes guerrilleros, sino en los representados y su poder de control político. Los primeros son intermediarios, no el pueblo mismo. Lo popular no es un lugar retórico; debe ser un agente permanente de reflexión y acción autónomas, que participe y exija responsabilidad a sus voceros. Sólo si ampliamos y fortalecemos los espacios públicos para conocer, reflexionar y deliberar críticamente sobre los asuntos que nos conciernen a todos, podremos fortalecer la defensa de los intereses comunes y la toma de decisiones democráticas. Si se quiere contribuir a la realización del ideal de no dominación, tanto externa como interna, la participación política debería diseñarse de forma que la sociedad civil pueda periódicamente cambiar a sus representantes y neutralizar las decisiones contrarias a los principios constitucionales y al interés público.

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