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Marcelo Caruso A. 29 Dic 2012 - 11:00 pm

Participación y Ley de Víctimas

Marcelo Caruso A.

A un año de arrancado el proceso de implementación de la Ley 1448/11 o de Víctimas, el balance es desigual, dependiendo de las áreas que la componen.

Por: Marcelo Caruso A.
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Compleja es su relación con la legislación que la antecedió y que mantiene su vigencia, la Ley 387 y las sentencias y autos de seguimiento de la Corte Constitucional, que marcaron un hito mundial en la atención, restitución de derechos, reubicaciones y retornos de la población desplazada. Muy poco de sus mandatos se ha cumplido y la aplicación de la nueva ley con todos sus decretos reglamentarios intenta avanzar en la reparación de las víctimas, que comprenden “medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica”.

La restitución, que se aplica sólo a las tierras, enfrenta enormes problemas de falta de garantías a la vida y seguridad de los colectivos reclamantes y sus líderes, que en varios casos han llevado a la congelación de la participación de las víctimas y anuncian todo tipo de protestas; la indemnización va muy lenta por los pocos recursos asignados este año, $300.000 millones de los $57 billones que se anuncian costará toda la ley en los próximos 10 años. La rehabilitación, retrasada con un reducido programa que recién comienza a socializarse por parte del Minsalud y sin conexiones desde su construcción con la rehabilitación del destruido tejido social, etnocultural y de género. La satisfacción es aún una utopía y las garantías de no repetición una falacia mientras subsista el conflicto armado y no se reconozca que las bacrim son paramilitares reciclados. Su articulación territorio-nación es cada vez más complicada, por un lado alcaldes y gobernadores que han construido los Planes de Acción Territoriales, destinados a garantizar al menos el 25% de los recursos de asistencia y atención, a la usanza de los Planes de Desarrollo, sin participación de las víctimas como la ley ordena, y por otro, una estructura del Ejecutivo desconectada de la ley, y en la que la Unidad de Víctimas con todas las improvisaciones que ha realizado para acelerar la implementación de una ley que nació desequilibrada, logra sobrevivir pero siendo el centro de las críticas de gobernantes que quieren “éxitos” para mostrarse, y de víctimas con poca paciencia producto de los 17 años que llevan encima en la dura tarea de exigibilidad de sus derechos.

En los órganos de control el balance es desigual. Poco o nada de investigaciones y sanciones por parte de la Procuraduría a los funcionarios que no han cambiado el chip, que son la mayoría. Promisorio esfuerzo de la Contraloría para abordar la lucha anticorrupción a la cual se le dan mayores dientes. Y avances dignos de la Defensoría del Pueblo en el acompañamiento y formación a las Mesas de Participación de Víctimas y otras funciones asignadas, todo con las uñas, pues los nuevos recursos anunciados están represados.

Lo más importante de este primer esfuerzo de avanzar en una justicia transicional parece ser la enunciación, vía un Protocolo, del derecho a la participación, que abre las puertas a una nueva versión con mayor poder de la democracia participativa directa, que con todas las dificultades que hoy encuentra puede marcar la sociedad del posconflicto. La ruta para su construcción pasa por una mayor difusión mediática de sus contenidos y avances, un fortalecimiento y reconocimiento social de las organizaciones de víctimas, y un cambio de chip de todas y todos los colombianos para iniciar un nuevo año con muchas ganas de apoyar este proceso que con todas sus limitaciones nos conecta con la salida hacia la paz.

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