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El paneo que durante varios días le hizo la prensa al transporte público en Bogotá demuestra que sigue imparable la crisis del sistema integrado, dentro del cual se pretende embutir a la fuerza a los propietarios de los automóviles privados. Sin freno de mano, se avanza hacia el desastre, arrastrando un problema de larga gestación, caída libre en el servicio, inseguridad y un panorama oscuro para los operadores.
Desde sus comienzos -en la alcaldía de Samuel Moreno- el SITP, llamado a articular y a modernizar el transporte público, nació amorfo y envuelto entre escándalos de politiquería y corrupción, como sucedió con varios actos de gestión del detenido gobernante. Se incubó un sistema de pésimo diseño, con deficiente implementación y ahíto de recursos mal invertidos. Desde entonces, ninguna administración ha dado pie con bola para enderezarlo y, al contrario, se le permitió rodar camino hacia la quiebra financiera y el desastre operativo.
En 2016 el sistema produjo un déficit de $660 millones, que se adiciona al acumulado negativo que arrastra desde su creación. El monumental hueco fiscal que lo tiene bailando en la cuerda floja supera el techo de los dos billones de pesos. Su componente más crítico responde al servicio zonal -buses azules-, donde anida la desorganización, con malas prácticas operativas, equipo automotor obsoleto y fallas en la programación de rutas y frecuencias, a lo cual se suman los escándalos por los altos índices de accidentalidad y criminalidad.
Las cifras revelan que el sistema se conduce en contravía. De las nueve empresas operadoras, dos entraron en liquidación, tres en causal de disolución y cinco tienen sus obligaciones colgadas al cuello. Todas, en conjunto, le deben a la banca $3,6 billones y no tienen con qué pagar. Las amenazas que asedian el servicio son igual de alarmantes. En enero se denunciaron 38 robos en el interior del sistema; durante 2016 fueron detenidas por hurto 2.020 personas y decomisadas 2.750 armas; entre 2014 y 2016, cada uno de los 6.600 buses en funcionamiento promedió cuarenta y una varadas; en el quinquenio se reflejó un nivel de 2.5 siniestros diarios, y en el último par de años, 2.300 conductores fueron sancionados por infracciones de tránsito.
Ante el alarmante escenario de deterioro progresivo, caracterizado por decisiones y manejos desacertados e inconvenientes y un servicio envilecido, inseguro, lento, congestionado y de difícil acceso en muchas zonas de la ciudad, la batalla contra el carro particular será fallida. Globos lanzados últimamente, como extender el pico y placa a vehículos matriculados fuera de la ciudad –poniéndole palos a la integración regional-, pagar sumas millonarias para quedar exento, restringir la circulación total durante tres horas diarias o crear carriles exclusivos para vehículos con tres o más pasajeros, son paños de agua tibia, inútiles y discriminatorios, para solucionar un problema estructural sobre el que pasaron de agache los últimos alcaldes.
La falta de una alternativa de movilidad razonable fue la que llevó al fracaso el pico y placa, implementado por Peñalosa. Desbordó la congestión vial; multiplicó el parque automotor; favoreció a las clases pudientes, capaces de evadir la medida con la compra de más carros, y castigó a quienes lo usan como medio de subsistencia. Para la industria turística la medida resultó costosa y caótica. La restricción a los vehículos de alquiler, en buena parte utilizados por turistas, acabó con la mitad de la clientela, y mantiene en permanente dolor de cabeza a los conductores foráneos, enredados en la maraña horaria de permisos y prohibiciones.
Sortear el fatal desenlace del SITP -el mismo que deben usar diariamente decenas de turistas en sus recorridos por la ciudad- requerirá de voluntad política y de una estrategia clara de la administración sobre lo que quiere hacer en movilidad. Un control responsable -incluyendo la fiscalización a los operadores-, inversión de recursos, ampliación de cobertura, capacitación de conductores y campañas de cultura ciudadana, facilitarían la imposición de un sistema seguro y sostenible.
Un apropiado transporte público comprometerá a los usuarios de vehículos privados, cargados de impuestos y constreñidos permanentemente, a bajarse del auto unipersonal para montarse en algún amigable TransMilleno, si es que aún no ha colapsado. Y el turismo, para el que este sector es estratégico, se beneficiaría de un servicio que -por ahora- está pasando aceite.
@Gsilvar5