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Rodrigo Uprimny 6 Jul 2013 - 10:00 pm

Paz, derecho y derechos

Rodrigo Uprimny

Un acuerdo de paz será muy difícil, casi imposible, si las Farc creen que este proceso de paz es un asunto puramente político y sin limitaciones jurídicas.

Por: Rodrigo Uprimny
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Antes la paz se pactaba políticamente y luego se llamaba a algunos buenos abogados a que hicieran la carpintería jurídica y redactaran las normas necesarias para implementar el acuerdo. Hoy no es así. Debido a los desarrollos en las últimas décadas del derecho internacional y de nuestro derecho constitucional, los procesos de paz tienen límites jurídicos, que son esencialmente los derechos humanos y en especial los derechos de las víctimas.

Esos límites jurídicos no pueden ser eludidos con el argumento de que la paz es un derecho superior y que todos los otros derechos, incluyendo los derechos de las víctimas, deben ceder ante ella. Es indudable que la paz es trascendental y que es necesario armonizar el respeto de los derechos de las víctimas con la búsqueda de la paz; incluso la búsqueda genuina de la paz permite ciertas limitaciones proporcionadas a los derechos de las víctimas. Pero la paz no puede jurídicamente legitimar un arrasamiento de las víctimas y de sus derechos, como ya lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-370 de 2006, que examinó la Ley de Justicia y Paz o la Corte Interamericana en el reciente fallo sobre la Masacre del Mozote en El Salvador.

La idea de soberanía popular o el recurso a una asamblea constituyente tampoco permite esquivar esos límites jurídicos, pues los derechos humanos, incluidos los derechos de las víctimas, son en cierta forma restricciones democráticas a lo que las mayorías pueden legítimamente decidir.

Un acuerdo de paz que no tome en serio los derechos de las víctimas es hoy entonces inviable jurídicamente. Y por esa razón es también inviable políticamente, incluso si tiene amplio respaldo popular, pues en cualquier momento podrá ser cuestionado ante los jueces nacionales o ante tribunales internacionales, como la Corte Interamericana o la Corte Penal Internacional, que terminarán por invalidarlo.

Los límites jurídicos al actual proceso de paz, derivados de los derechos de las víctimas, son entonces hoy no sólo una realidad jurídica, sino incluso política. Ojalá las Farc tengan claro ese punto, pues si realmente quieren un acuerdo de paz, tienen que saber que deberán rendir cuentas de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que han perpetrado. Otra cosa es que el Estado colombiano, que también ha cometido crímenes atroces, deba igualmente responder por esos hechos. Pero lo que es claro es que una paz que sea ética, jurídica y políticamente viable, no puede basarse en el silenciamiento de los derechos de las víctimas.

Y hablando de derechos, felicitaciones al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que cumplió el pasado 5 de julio 35 años de labores. No siempre he compartido todas sus posiciones, pero siempre he admirado su valentía y sus valiosas contribuciones en su larga e incansable lucha por los derechos humanos en Colombia.

* Director Dejusticia y profesor Universidad Nacional.

  • Rodrigo Uprimny | Elespectador.com

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