Paz, tierras y alimentos

Como hecho reiterado, el tema agrario sigue siendo para las Farc el primer punto en la agenda de negociaciones. De los años 60 a hoy, algunas cosas han cambiado.

Cuando Marulanda comandaba la colonización del piedemonte cerca de la Macarena, la agricultura representaba alrededor del 30% del PIB nacional. Ahora, la agricultura representa el 7% del PIB colombiano. Respecto a la población, al inicio de la década de los 60 la rural era mayoría; hoy el 25% de la población se considera como rural. Lo anterior no significa que lo rural esté resuelto. Por el contrario: la violencia y la pobreza siguen concentradas en las áreas rurales del país. Esto hace que la propuesta gubernamental de ley de tierras y desarrollo rural sea uno de los temas centrales en las negociaciones, aun cuando otros sectores económicos, como la minería, sean los que hoy influencian en mayor media la economía nacional.

En 2012, el tema de la expansión de la frontera agropecuaria sigue siendo un hecho de importancia nacional. En los años 60 se entendía la expansión de la frontera agropecuaria como un requisito para el desarrollo. El Estado lideraba el esfuerzo por tumbar bosque para abrir potreros, mediante los programas del Incora. Hoy las cosas han cambiado, el valor de los servicios ambientales hace que se cuestionen las virtudes de tumbar el bosque; se dediquen esfuerzos y se obtengan retribuciones por la conservación de los ecosistemas.

A pesar de ello, la propuesta de ley de tierras y desarrollo rural retoma el tema de la expansión de la frontera agropecuaria. Busca transformar los llamados baldíos nacionales y propone dos iniciativas que difícilmente serán compatibles: las zonas de desarrollo empresarial y las zonas de reserva campesina.

Respecto de las zonas de reserva campesina dice que los proyectos productivos —agrícolas, pecuarios, acuícolas, forestales, pesqueros, entre otros— deben combinar los componentes de conservación, manejo, control y aprovechamiento de los recursos naturales, infraestructura, pancoger, producción limpia, producción orgánica, educación ambiental, comercialización y servicios, de acuerdo con los lineamientos del respectivo plan de desarrollo sostenible. Respecto de las zonas de desarrollo empresarial, proyecta ubicarlas en terrenos baldíos para que sociedades reconocidas, como empresas especializadas del sector agropecuario y forestal, puedan solicitar el otorgamiento de derechos legales sobre la superficie para desarrollar sistemas sustentables, con escalas adecuadas de producción que conserven el equilibrio entre la oferta ambiental y el aumento de la producción agropecuaria.

No será fácil hacer compatibles estas dos figuras durante el proceso de paz. Mientras una apunta a favorecer la producción campesina y la seguridad alimentaria, la otra fomenta la agricultura empresarial de exportación. Un aspecto crucial para la sociedad, la economía y el ambiente es que se pretende desarrollar las dos figuras expandiendo la frontera agropecuaria. Cualquiera que sea el acuerdo, hay que buscar espacio dentro de la frontera agropecuaria y no a expensas de los ecosistemas naturales, transfiriendo el costo de su desaparición a las futuras generaciones.