Personas, no micos

San Luis Robles pertenece a Tumaco. En abril, su Consejo Comunitario Rescate Las Varas [1] recurrió a la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, Palenqueras y Raizales. Se habían metido en la sustitución de coca mediante proyectos de seguridad alimentaria y exploraban modelos de fortalecimiento de la identidad local.

De ahí el reconocimiento de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación, y de los ministerios del Interior y de Justicia. Sin embargo, la lectura de las Farc-EP fue otra: partieron de que por ese proyecto, el consejo hacía parte de una red de cooperantes que actuaba en contra de la guerrilla y lo declararon objetivo militar. Desterrados en Bogotá, sus miembros apelaron a la Unidad de Atención a Víctimas, cuyos funcionarios no aceptan a esos desplazados como parte de pueblos diferenciados en lo étnico y en consecuencia son insensibles a la urgencia de esos líderes por cumplir con las funciones institucionales que les define la ley en cuanto al manejo y amparo de los territorios bajo su jurisdicción, aun desde la distancia. Asimismo, para los burócratas importa poco la vulnerabilidad emocional que ocasiona la discriminación racial, una de cuyas manifestaciones consiste en la renuencia de los propietarios a arrendarles a personas negras. Se explica así su dispersión por la ciudad, no obstante la urgencia de estar unidos para acudir a las agencias del Estado. Los excesos de racismo de los cuales pueden ser víctimas quedaron plasmados en el incidente sufrido por otras personas de ascendencia africana en el barrio La Fiscala, de Usme, el cual es objeto de investigación por parte de la Dirección Distrital de Asuntos Étnicos y fue divulgado el 28 de mayo de 2013 mediante una nota de Noticias Caracol [2].

Parecería ser que el origen de la gresca fue una familia afrocaucana, cuyos miembros habían llegado a vivir a La Nueva Esperanza, una franja de alto riesgo, de donde habían tenido que salir hacia La Fiscala. El padre trabajaba en una obra lejos de allí y celebraba su regreso. Una queja por la música desencadenó otros incidentes, incluida la destrucción de la vivienda por las balas del Esmad. En el reporte de Noticias Caracol aterran las palabras de un policía: “Los policías son agredidos. Empiezan a dispararles con armas de fuego, estos ‘subve’…”. Se detiene, quizás consciente de la imputación precipitada y corrige: “Estas personas”. También causa desasosiego el que los agentes quizás hayan implantado una granada, y alegado el decomiso de un arma hechiza y un revólver para sustentar la acusación de que se trató de guerrilleros. Del otro lado, una señora indica que los de la comunidad sí tiraron piedra, porque los agentes les disparaban y les gritaban: “Matemos a estos hp ‘micos’, que se vayan pal monte”. Otro de los agredidos protesta porque son humanos y no merecen ser llamados “micos”.

Por el proceso de paz soñamos con una nueva utopía nacional. Ella tiene que responsabilizarse del respeto por las autonomías territoriales que la Ley 70 de 1993 les legitimó a las comunidades negras, así como de la condena y erradicación decidida del ninguneo racial al cual es sometida la gente de ascendencia africana.

[1] http://bit.ly/w7SrsZ

[2] http://bit.ly/16XJXsL