Petro y Ordóñez: destinos cruzados

Con Gustavo Petro se cumplió la frase de Francisco Maturana: perder es ganar un poco. La realidad del alcalde no era fácil, enfrentado al malestar en una ciudad que no funciona. Sin superar, hasta esta semana, su mismo 32% de favorabilidad con que llegó al Palacio Liévano, Petro podría haber terminado revocado por el voto ciudadano en un referendo. Sin embargo, asistimos al nacimiento de un caudillo capaz de unificar la izquierda colombiana en torno a él. El procurador lo catapultó.

Pero lo que la desproporcionada sanción contra el alcalde terminó desnudando de un golpe fue el rechazo que estaba ahí latente, de un superpoder, inédito en Colombia, de un procurador con una capacidad sin límites para hacer lo que se le venga en gana. Alejandro Ordóñez ya no es solo percibido sino visto, como un funcionario embriagado de poder y soberbia, capaz de matar políticamente a quien sea y no necesariamente por hechos de corrupción sino por supuestos actos de ineficacia en la gestión de gobernantes y funcionarios, como ha sucedido en la mayoría de los casos. Una evaluación que por lo demás tiene mucho de subjetivo. La masacre burocrática y de derechos políticos en sus cinco años de reinado es aterradora: además de Petro ha destituido a 828 alcaldes (4 mensuales), 49 gobernadores, 622 concejales, 22 congresistas, 18 diputados y cientos de funcionarios públicos de todos los rangos, siendo el último el superintendente financiero Gerardo Hernández. Tiene en la mira al 90% de los alcaldes y al 100% de los gobernadores actuales, con Sergio Fajardo en primera fila.

Un cargo que además tiene un origen eminentemente político, salido de las entrañas del Congreso, con un equipo de funcionarios de libre nombramiento y remoción, muchas cuotas políticas de sus electores legislativos, conformado a su amaño, para que actúe contagiado de su talantes, de manera tan temeraria como la suya.

El rechazo ciudadano es precisamente a ese ejercicio de un poder intimidatorio y desbordado, en el que además pesan sus convicciones ideológicas, su fanatismo religioso, su intolerancia frente a quienes no comparten sus credos, llámense gays, ateos, izquierdistas, agnósticos o anarquistas, en contravía del espíritu de la Constitución colombiana, respetuosa de las libertades individuales y profundamente garantista.

La sanción de Petro, fue la gota que rebosó la copa y se convirtió en el símbolo de la arbitrariedad y del ejercicio desbordado del poder. Petro supo aprovechar la  situación transformándola a su favor y con mucha decisión convocó a la movilización de una ciudadanía que respondió con fuerza. La gente se ha manifestado no necesariamente en apoyo a su gestión como alcalde, a su Bogotá Humana, como él dice, sino para protestar contra un atropello arbitrario e ideologizado, a todas luces antidemocrático. El 70% de los bogotanos encuestados, entre los que se incluyen anti petristas radicales, desaprobó la medida del Procurador.

La política en estos tiempos de tecnología digital tiene la voz ciudadana activa y presente en las redes sociales midiéndole el aceite a la realidad. Es implacable. Y el mensaje ha sido contundente y claro: “Así no es, señor procurador”. Un reclamo que ojalá él y sus corifeo de subalternos sepan escuchar y entender. Porque los hechos son tozudos.