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Nicolás Uribe Rueda 24 Mayo 2013 - 10:55 pm

Política de drogas

Nicolás Uribe Rueda

Leídas en detalle las poco más de 30 páginas del reciente informe presentado al Gobierno por la Comisión Asesora para la Política de Drogas, supuse conveniente y de buen recibo hacer algunos comentarios por esta vía, en el entendido de que parte del propósito del documento es precisamente profundizar en el debate.

Por: Nicolás Uribe Rueda
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    http://www.elespectador.com/opinion/politica-de-drogas-columna-424047
    http://tinyurl.com/mztxnpb
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En primer lugar, creo que acierta la Comisión al plantear el enfoque de salud pública y de derechos humanos como el adecuado para el enfrentamiento del problema de consumo en nuestro país. Sin duda, prevenir el consumo, desincentivarlo y atender a los adictos es el enfoque necesario para reducir sus efectos negativos en la salud de las personas, quienes tienen además toda la autonomía para convertirse en consumidores y recibir o no el tratamiento necesario cuando lo consideren pertinente.

Eso sí, me parece que con respecto a este tema, la Comisión repite un concepto que no es nuevo en nuestro medio y lo plantea como un gran descubrimiento, olvidándose de que en Colombia, sin necesidad de cambios legales o constitucionales, el Estado tiene ya la obligación de atender a los adictos y de promover campañas pedagógicas que desestimulen y prevengan el consumo. Los comisionados bien podrían haberse desgastado menos en argumentar su enfoque —que no es nuevo y resulta casi unánime— y haber dedicado más tinta en exigir al Estado contundencia en las acciones que lo desarrollan, como por ejemplo y para sólo mencionar un caso, una política de prevención de consumo suficientemente financiada.

Con poco éxito, la Comisión Asesora trata de salirse del enredo que plantea una situación en donde es posible el consumo de determinado producto pero ilegal su producción, comercialización y venta. Y afirmando simplemente que desde el punto de vista jurídico es viable que esto ocurra —apreciación que comparto— se olvida de un hecho contundente, y es que casi todo consumidor, ya sea problemático o no, ocasional o permanente, lamentablemente termina incentivando la violencia al comprar la droga que consume. ¿No habría sido mejor, por ejemplo, plantear abiertamente esta incoherencia y proponer diferentes escenarios para resolverla sin ceder en el enfoque de salud pública?

El documento de la Comisión es agradable de leer. Pero carece del respaldo empírico del que presume. Utiliza limitadísimas cifras sobre consumo, elige a dedo los ejemplos que le sirven para sostener algunos casos exitosos que son útiles a su línea argumental y desecha o pasa por encima de otros que podrían servir como evidencia contraria a sus afirmaciones. Por instantes, el documento cae precisamente en lo que critica al sostener posiciones ideológicas sin suficiente fundamento. Pero lo que más extraño resulta es que el documento de lineamiento de política sobre consumo ni siquiera aporta un diagnóstico o una referencia a las dimensiones o características del problema de salud que se pretende combatir. En este aspecto, dice mucho más el informe de la OEA, también presentado esta semana, que dedica un buen número de páginas a la construcción de una base técnica sobre la cual luego se llama al debate y plantea sus diferentes escenarios.

El debate es sin duda útil; pero necesario resulta pasar de lo teórico a lo práctico y aplicarnos en los elementos de política que son los únicos capaces de empezar a resolver nuestros problemas.

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