Por hacer bonito se acaba haciendo feo

Así se dice en nuestra región caribeña cuando los resultados de una acción, por bien intencionada que esta sea, terminan en un perjuicio. Esa sería una de las causas de lo que afirma otro decir de la sabiduría popular, que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Afirmación aplicable a muchas políticas públicas que, aunque sean bien intencionadas y ejecutadas con transparencia y ceñidas a lo establecido y acordado, terminan siendo peor que la enfermedad que se pretende curar, para seguir acudiendo al inagotable venero de sabiduría de las máximas populares, transmitidas de generación en generación.

Al respecto se abre una discusión importante y actual, sobre la necesaria correspondencia entre los objetivos y métodos de las políticas públicas establecidas y ejecutadas, y las verdaderas realidades, posibilidades y necesidades de la gente, que no siempre se corresponden con los planes y diseños de los tecnócratas y aun de los políticos que las impulsan. Una discusión especialmente importante ahora que el Gobierno está “en modo posconflicto”, buscando desatrasar una larga lista de reformas aplazadas por mucho tiempo, y que pretende hacerlo con afán por no decir precipitud, enfrentado a un tiempo que se agota y a unas elecciones que ya llegan, mientras que el proceso de su materialización no despega, en medio de la descoordinación institucional y de la ausencia de prioridades para su ejecución; para rematar, el incipiente proceso se desenvuelve en medio de la indiferencia ciudadana y de un número creciente de enemigos políticos al asecho que esperan capitalizar su eventual fracaso o al menos su pérdida de importancia ciudadana, convertido en un asunto aparentemente irrelevante.

Hay tres situaciones posibles en esa relación fundamental entre política y realidad. La primera, de un voluntarismo reformador que pretende imponer objetivos de política pública, prescindiendo de las restricciones que impone la realidad, basado en el valor asignado a un planteamiento abstracto y general, con prescindencia de las especificidades de esa realidad que finalmente determinan el cómo desarrollar la política en cuestión.

Dos ejemplos actuales al respecto: pretender de un solo golpe que la minería informal no criminal se conforme con las disposiciones y condiciones estipuladas; que de la noche a la mañana resulte legalizada, aunque se desenvuelva en un contexto criminal, sin control efectivo del Estado; el resultado es contrario al buscado, al acabar entregándola a la criminalidad por actuar de espaldas a los hechos reales. Algo semejante puede suceder con otra política bien intencionada, la de equiparar el régimen prestacional del trabajo rural con el del urbano, como si ambos se desenvolvieran en contextos comparables; se desconoce que el régimen de trabajo en el campo está marcado en alto grado por su estacionalidad, surgida de los procesos y tiempos de la naturaleza; es por ello mismo más temporal e informal que el urbano, marcándose una diferencia profunda entre ambos, que obliga a abordar el asunto de una manera integral y progresiva conforme con el marco de la realidad y perspectivas del mundo laboral rural; en caso contrario, en vez de avanzar hacia la formalización laboral rural, se termina profundizando su informalidad e inclusive aumentando el ya muy alto desempleo en el campo.

La segunda solución es la tradicional de limitarse a hacer declaraciones altisonantes sobre acciones que de antemano se sabe que o no se van a implementar o que serán inocuas y hasta contraproducentes, con la consiguiente desvalorización de la palabra oficial, especialmente la de los políticos.

La tercera posibilidad busca transformar el presente, pero no a partir del enunciado general de una decisión política por válida que esta sea, sino del análisis de la realidad para determinar la mejor manera de alcanzar efectivamente el objetivo de la política decidida. Se parte de entender que en muchas circunstancias las políticas no se pueden simplemente imponer, pues requieren una ejecución progresiva, que no es el fruto de una decisión suelta sino de una estrategia integrada, como sucede en los procesos mencionados de formalización de la minería no criminal y del empleo rural; o de alguna manera, con el pasivo laboral de las madres comunitarias que la justicia puso a cargo del Estado.