¿Por qué?

¿POR QUÉ, COMO PREGUNTA UN REciente editorial del diario La República (agosto 28/13), una cooperativa emblemática como Colanta pide que se acabe el Fondo Nacional del Ganado para que Fedegán no use los parafiscales para los sueños políticos de sus directivos?

¿Por qué algunos voceros de la izquierda, montados en un pedestal moral, declaman a los cuatro vientos que las tierras con vocación agrícola deben ser dedicadas exclusivamente a producir comida y no biocombustibles, pero mantienen un silencio sepulcral respecto a productos como el café y el tabaco, que de comida no tienen nada?

¿Por qué el país no analiza con rigor y honestidad la disyuntiva del sector agropecuario, como lo plantea Mauricio Vargas en su columna en El Tiempo (julio 1/13), que radica en escoger si “al entregarles parcelas a los campesinos sin mayor previsión no serviría más que para repartir miseria y condenar a los supuestos beneficiarios a sucumbir ante la imposibilidad de explotar estos predios” o, como hizo Lula en el Brasil, “ampliar de modo descomunal la frontera agrícola de su país a regiones semiáridas que estaban perdidas para la producción... y generar cientos de miles de empleos que dispararon las exportaciones: en mayo Brasil vendió a otros países casi 8 millones de toneladas de soya y obtuvo por ellas más de 4 mil millones de dólares —¡en un solo mes!—, en desarrollo de una revolución económica sin precedentes con un beneficio social que ha permitido sacar a decenas de miles de familias de la miseria”?

¿Por qué los medios, parte de la clase política, buena parte de los funcionarios y cerca de la totalidad de los columnistas, en pleno conocimiento de que el 75% del empleo en el campo es informal, que el 68% de los campesinos es pobre, y que un 33% está en la indigencia, siguen estigmatizando en los medios, en el Congreso y parte del Gobierno a la mediana y gran empresa agroindustrial, que es precisamente la que crea empleos formales?

¿Por qué el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no suspende de inmediato a una alta funcionaria del Incoder que, según reciente artículo de la redacción judicial del diario El Tiempo (agosto 30/13), “la Procuraduría llamó a audiencia para que responda por dos presuntas graves faltas: ‘Suministrar datos inexactos o que no correspondían a la realidad’ para ocupar el cargo y posesionarse sin cumplir con los requisitos, como la experiencia mínima”? La Procuraduría dice que las fechas de la declaración no concuerdan con archivos de la Judicatura y de la Universidad Nacional que supuestamente la emplearon entre diciembre de 2005 y enero de 2006. ¿Por qué no se investiga al padrino de la señora Mujica, la relación que tiene con ella y las razones que lo llevaron a mantenerla en el cargo a pesar de las graves irregularidades?

¿Por qué, como afirmó con inmensa sensatez uno de los líderes agrícolas, no se entiende que resolver el paro “es cuestión de mejores políticas y no más subsidios”? ¿Por qué se le sigue echando la culpa a los TLC o a una “apertura” de hace 22 años, que poco a nada tienen que ver?

Finalmente, ¿por qué son los senadores, los representantes, los gobernadores, los alcaldes, los asambleístas, los concejales de los Llanos, de la Altillanura, de la Amazonia, de la Orinoquia quienes solicitan al unísono que haya gran inversión, mientras que una minoría de extrema izquierda urbana, acompañada de unos fanáticos despistados de la ecología fundamentalista, son los que pretenden que sólo sean los campesinos los que hagan inversiones en las unidades agrícolas familiares (UAF)?