Por una educación democrática

En Colombia no habrá paz mientras no compartamos una cultura verdaderamente democrática. En Esencia y valor de la democracia, Hans Kelsen ofrece una versión de la misma tan tenue o mínima que puede ser aceptada incluso por quienes profesan diversas concepciones de la democracia. Lo bueno es que ese mínimo denominador puede ser enseñado e internalizado. De ahí su enorme ventaja. Se trata de la aceptación y del respeto al principio de mayorías como criterio para superar los permanentes desacuerdos sustantivos que se presentan en una sociedad pluralista. El principio de mayorías, de hecho, rige en el legislativo y en el judicial con algunas variaciones.

El país tendrá que abandonar la larga noche de doctrinas opuestas dispuestas a pasar por las armas a quienes califica de enemigos. Sea el conservatismo ultramontano, antisubversivo y autodefensivo, sea el marxismo revolucionario, violento y antifascista, los dos con sus mutuas justificaciones, deben ser desaprendidos por vía de la educación democrática. Avance habrá en nuestra cultura política cuando el derecho y no la guerra, el diálogo y no la violencia, la deliberación y no la fuerza, sean el medio común para llegar a acuerdos parciales, provisionales y siempre revisables. Una democracia experimental, de ensayo y error, habituada a escuchar y comprender más que a actuar e imponer es la que necesitamos cultivar en un medio habituado al engaño, la desconfianza y la trampa.

Las transformaciones normativas que vivimos, calificadas de ruptura constitucional por algunos y que justificarían buscar soluciones de facto, son un buen desafío para testear la educación democrática. Sea en el Congreso, sea en la Corte Constitucional, el principio de mayorías debe instaurar la paz jurídica. Esto tendrán incluso que internalizarlo las guerrillas en proceso de conversión en partidos o movimientos políticos, así como los grupos antisubversivos tan proclives a anteponer la pasión a la razón. No se trata de pretender el abandono de las convicciones personales o grupales, sino de aceptar tramitar los desacuerdos con otras convicciones bajo el respeto de una única constitución común.

En el posconflicto veremos avances democráticos cuando aprendamos a convivir con las tensiones propias de dos concepciones irreconciliables de democracia: la liberal y la marxista. La primera es representativa, individualista e indirecta, así se atenúe con ciertas dosis de participación popular. La segunda se caracteriza por ser popular, colectivista, directa, radical. Aquella parte de una idea de la persona como maximizadora de intereses; la otra abraza un ideal utópico de persona, emancipada de falsas conciencias de clase. Ambas comparten el decisionismo en la acción y la aversión al Estado que buscan minimizar o superar por vía del mercado o la cogestión comunitaria.

El mejor indicador de lo lejos que aún nos hallamos de instituir una educación democrática en Colombia es el escepticismo que genera el principio de mayorías. Una reacción generalizada a la derrota en la toma de una decisión, sea legislativa o judicial, es enarbolar las convicciones sustantivas propias de lo que es justo o bueno en contra de lo decidido en forma “amañada”, “tramposa” o “interesada”. Pero precisamente el respeto a la legislación y las decisiones judiciales constituye el criterio por excelencia para medir los progresos democráticos. Esto porque no se trata de imponer a los otros las propias convicciones, sino, siguiendo reglas, de convivir pacíficamente pese a creencias y valores irreconciliables.