Por: Armando Montenegro

Preguntas sobre la salud

El Gobierno ha insistido en que el número de EPS se va a reducir sustancialmente. Y, también, en que las pocas sobrevivientes serán fuertes y vigorosas.

Cuando se anuncia un proceso de fusión y desaparición de empresas, las preguntas obvias son: ¿Cuáles van a salir del mercado? Y, más importante aún, ¿cuáles serán las EPS que absorberán a las que mueren?

La respuesta a la primera pregunta es relativamente fácil. Es de conocimiento público —el mismo Gobierno lo ha anunciado profusamente— que hay numerosas entidades afectadas con problemas de liquidez y de solvencia, en medio de un marco regulatorio confuso e indefinido, que bien podrían colapsar y ser intervenidas en el corto plazo.

La segunda pregunta, en cambio, es complicada. Con la incertidumbre reinante, una de las pocas entidades que podrían asumir, así sea involuntariamente, las responsabilidades de las EPS que expiran, es la llamada Nueva EPS, de carácter oficial. Otra sería Caprecom. En cualquier caso, esto equivaldría a resucitar, con una o dos cabezas, al viejo ISS: un Frankestein.

Es difícil que las pocas EPS que hoy son viables, de menor tamaño y pertenecientes al sector privado, a cooperativas o a cajas de compensación, que trabajan en medio de grandes dificultades, sumidas en incertidumbres regulatorias, puedan tomar en forma responsable la decisión de realizar cuantiosas inversiones para aceptar mayores responsabilidades.

El Ministerio de Hacienda está avisado. Del curso que tome la crisis depende que se materialice o no una enorme contingencia de carácter fiscal —la nacionalización de gran parte del sector salud—, un siniestro que bien podría ensombrecer el panorama de las finanzas públicas durante muchos años más.

Entre tantas decisiones que son urgentes, los observadores calificados insisten en que sigue siendo imperioso que se emita una ley estatutaria que racionalice las tutelas que hoy ordenan, sin ninguna mesura, drogas y procedimientos que están por fuera del POS, cuyo costo no se paga o se paga tarde (por medio de los tortuosos recobros). Otra solución, inviable e irresponsable, que está en la mente de varios observadores, es equivalente a eliminar el POS o, lo que es lo mismo, ampliarlo de tal manera que incluya todo lo que se les pueda ocurrir a los jueces, los soñadores, los mercachifles y los vendedores de todo tipo de medicamentos, cirugías y tratamientos exóticos. Esta opción haría que Colombia tuviera un hipergeneroso e impagable sistema de salud, sin límite fiscal alguno, inexistente incluso en los países ricos.

El país tiene experiencia en el manejo de crisis masivas, entre ellas las del sector eléctrico y varias bancarias. En todas ellas existió el riesgo de una nacionalización duradera e involuntaria, con un altísimo costo fiscal y de pérdida de bienestar para la población. Las soluciones, en todos los casos, exigieron el desarrollo de un esquema institucional que facilitó la operación de entidades con patrimonio sólido y una rentabilidad adecuada en el largo plazo; se establecieron mecanismos estatales de apoyo, regulación, supervisión y vigilancia. Sin excepción, equipos sofisticados del Ministerio de Hacienda (y a veces del DNP) asumieron directamente el manejo financiero de las crisis, la formulación de las políticas y el seguimiento de las soluciones.

Todavía no se ve luz al final del túnel de la salud.

Buscar columnista

Últimas Columnas de Armando Montenegro