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Lorenzo Acosta Valencia 7 Nov 2012 - 11:00 pm

Atalaya

Preludio para un bunde

Lorenzo Acosta Valencia

Octubre fue un mes de noticias dispersas sobre la crisis humanitaria de Buenaventura: 33 asesinatos, tres cuerpos descuartizados y alrededor de 2.000 personas en desplazamientos intraurbanos (Defensoría del Pueblo, 3 de noviembre).

Por: Lorenzo Acosta Valencia
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Farc, ‘Urabeños’ y ‘La Empresa’ —franquicia dedicada al sicariato, el narcomenudeo y la extorsión— se disputan el control sobre las rutas de exportación de cocaína hacia Centroamérica y el microtráfico en los barrios. La coyuntura respondería a un proceso de “reacomodación” —término del comandante de Policía del Valle, coronel Nelson Ramírez— de bandas criminales ante el sometimiento de varios jefes de ‘Los Rastrojos’, lo que bastaría para explicar el uso del terror contra la población civil. Pero su duelo es aún más largo, atrapado entre el fuego de las Farc y el bloque Calima de las Auc desde el 2000, al que siguió el de las bandas neoparamilitares desde 2008.

Una cadena de impunidades para el narcotráfico y su apetito de armas ha permitido la proliferación de estos órdenes ilegales que intentan consolidarse a través de masacres. Dos exfiscales han sido condenados por servir a estos gatilleros en su carrera de capos, liberándoles el puerto sobre el Pacífico. Por los mismos hechos fueron capturados tres suboficiales de la Armada. En similar contexto ingresaron 12.000 fusiles de fabricación china a Turbo y Buenaventura en 2007, de los cuales hoy se desconoce el paradero de 9.000 (Semana.com, 6 de octubre).

Los reportes de capturas e incautaciones del último mes diluyen el carácter latente y estruendoso de las atrocidades. También lo hacen los anuncios de proyectos de infraestructura para el puerto, con la ilusión de que el TLC incentivará las obras y la calidad de vida de los bonaverenses. Ese optimismo acaso contrasta con la indiferencia ante las advertencias del obispo de Buenaventura, monseñor Héctor Epalza, sobre la violencia de género como práctica de guerra y el desalojo por el miedo. El vicepresidente Angelino Garzón había escuchado estos clamores en marzo de 2011, que ya conocían de sobra las autoridades locales y la Fuerza Pública, llamadas a coordinar medidas de protección efectivas para la población en riesgo desde hace más de una década.

Durante ese lapso operó la “reacomodación” del orden político en lo local y departamental. Sobre el regazo del clan Abadía, el exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra hizo de Buenaventura su fortín político para saltar a la representación nacional. Quizá las nuevas investigaciones penales contra él y los dos últimos alcaldes, Saulo Quiñones García y José Félix Ocoró Minotta, sirvan para seguir esclareciendo una verdad que debió haber develado todos los hilos del poder municipal de Martínez desde junio de 2011, cuando fue condenado por recibir el apoyo de los paramilitares para obtener su curul.

En vísperas de las elecciones del mismo año, Buenaventura recibió a Martínez durante uno de los tantos permisos que se le otorgaron para abandonar la cárcel. El exsenador retornaba para señalar al sucesor del alcalde Ocoró y a sus aliados en el Concejo y el gobierno departamental. Su imagen, rodeada de escoltas, debió parecerse a la procesión de un San Antonio dador de fortuna. Los bonaverenses hubiesen podido acompasarla con un ritmo mortuorio, como niños en el patio de una casa donde los mayores celebran un funeral: “Velo qué bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van adorando...”.

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