Por: César Rodríguez Garavito

Preservar la Corte

Hay dos formas de ver la justificada indignación ciudadana y mediática frente a las gravísimas acusaciones contra el magistrado Jorge Pretelt y los exmagistrados Rodrigo Escobar y Alberto Rojas. Y dos formas de salir de la crisis que significan para la Corte Constitucional.

La primera es entender el escándalo como la cereza que le faltaba al pastel de la corrupción (“todos son lo mismo”), y la indignación colectiva como un llamado a decisiones radicales: revocar a todos los magistrados, restringir la tutela, convocar una constituyente para rehacer la justicia. En esa lectura coinciden personas y motivos muy distintos: periodistas rigurosos y valientes, algunos más sensacionalistas, analistas comprometidos con la Constitución de 1991 y otros de signo contrario que huelen la ocasión para acabar por fin con la “maldita tutela”, como la llamó por estos días Fernando Londoño.

No es fácil resistir la tentación de las soluciones tajantes; menos aún después de oír al abogado de uno de los implicados declarar al aire que “la ética no tiene nada que ver con el derecho”, como resumiendo lo que estos mismos han dicho para defenderse. Pero antes de echar por la borda 23 años de trabajo de la entidad más importante para los derechos humanos en el país, hay que hacer un poco de memoria y reflexionar si, en este caso, la revolución institucional no sería en realidad una contrarrevolución.

Por eso concuerdo con una segunda lectura: la indignación colectiva se debe a que los medios y los ciudadanos nos rehusamos a perder a la Corte, porque sabemos que fue la que salvó la democracia con su fallo sobre la reelección; que fue la primera en hacer algo ante la tragedia de los desplazados; que sin ella las estudiantes embarazadas seguirían siendo expulsadas de sus colegios, miles de pacientes no tendrían recursos ante las EPS, no habría balance entre justicia y paz, varios pueblos indígenas se habrían extinguido y una larga lista de marginados no tendrían una segunda oportunidad en un país tan injusto y desigual. De eso somos testigos quienes hemos interactuado con la Corte como académicos, litigantes o conjueces, y hemos visto cómo los tribunales de otros países la siguen y admiran.

De ahí que reconforta la reacción decidida de los demás magistrados para defender la integridad de la Corte. Son urgentes las reformas que proponen para preservarla, como hacer pública la selección de tutelas, aplicar la prohibición de reunirse con abogados de procesos en curso y eliminar las facultades de nominación de otros funcionarios.

Yo añadiría que se fije un plazo estricto para publicar los fallos completos y se modifique la propuesta del tribunal de aforados para que esté compuesto y actúe como una corte independiente, capaz de juzgar a los magistrados por conductas como las que se investigan en el escándalo actual (pero no por la interpretación que hagan del derecho). Y que los medios y la sociedad civil hagan un monitoreo mucho más cercano de la elección de magistrados, comenzando por el reemplazo de Alberto Rojas.

 

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