Por: Gonzalo Silva Rivas

Primera línea

Presidencia de la República, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría, Judicatura, Policía, siete ministerios, varios institutos y departamentos administrativos, ONG y asociaciones de diversa índole, entre otras entidades, son responsables en Colombia de velar por la protección de la niñez, resguardar sus derechos y sumar esfuerzos para prevenir y combatir delitos que atentan contra su integridad como es el caso de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.

El país ha suscrito numerosos convenios y convenciones internacionales; adherido a códigos de infancia y aprobado leyes a su favor. También ha actualizado su legislación penal y armonizado su marco legal a la normatividad internacional, formando un complejo entramado de herramientas jurídicas para promover el fortalecimiento institucional a fin de erradicar el flagelo, especialmente en lo sexual. Pero los resultados no caminan al mismo ritmo de las buenas intenciones.

En el reciente lanzamiento de una campaña de blindaje infantil dentro del campo del turismo, realizado en Bogotá, los directivos del IDT, Unicef y Renacer revelaron que en el último quinquenio solo se han tramitado ante las autoridades locales 112 denuncias por abuso sexual, y de ellas apenas cuatro han terminado en condena, la más alta con pena de cárcel superior a treinta años. Alarma el caso de Bogotá, si se tiene en cuenta que junto con Cartagena, Santa Marta, Cali, Medellín y Cúcuta, lidera este aberrante mercado que registra el drama que viven dentro de nuestras fronteras cerca de 35 mil niños, según la Unicef. 

Las cifras confirman que ni la justicia opera ni la actitud de la comunidad se sacude de la indiferencia frente a un fenómeno que día a día se extiende por estos lados como sucede en Latinoamérica y gran parte del mundo. Precisamente la campaña recoge nuevos compromisos acabados de contraer en Panamá entre autoridades de la región, en procura de propiciar entornos turísticos accesibles que erradiquen la trata de personas y el abuso sexual infantil. 

Pese a los esfuerzos de algunas organizaciones y personas por combatir el problema, su solución solo será posible si se erradican factores enraizados en la cultura y en los valores sociales que les otorga estatus de mercancía a los menores de edad. Apatía, ignorancia, silencio, complicidad, corrupción, venalidad y tibieza judicial, son componentes explosivos que se mezclan para facilitar el ámbito de incidencia del delito. Estrategia como la mencionada debe ser motivo de reflexión entre las autoridades y la comunidad para hacer efectivas las medidas de prevención y protección hacia la niñez. 

Papel esencial corresponde a turistas y prestadores de servicios, quienes conforman la primera línea de trincheras en la guerra contra la explotación infantil.

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