Por: Yesid Reyes Alvarado

Priorización y racionalización en la Fiscalía

En los últimos días se ha producido una controversia sobre los alcances de una propuesta de priorización hecha por el fiscal general.

 El tema genera polémica porque se intuye que la labor judicial se concentrará en los delitos de gran impacto, en detrimento de las investigaciones por pequeños hurtos o lesiones personales. La explicación de que es preferible perseguir las grandes bandas delincuenciales que rastrear de forma individual cada una de sus fechorías no deja satisfechas a las víctimas de esas infracciones leves, porque pueden sentir que respecto de su caso no operó la justicia.

No tengo nada en contra de priorizar tareas; por el contrario, me parece que es una de las herramientas más útiles para racionalizar todas las actividades del ser humano, siempre y cuando no se la utilice como el único medio para conseguir esa finalidad. Lo que ha planteado el fiscal Montealegre y su equipo es una reorganización de la entidad que le permita ser mucho más eficaz en el desarrollo de sus funciones; para eso se tramitó en el Congreso un proyecto de ley que le otorga facultades al presidente de la República para reestructurar la Fiscalía, que fue recientemente aprobado.

La principal novedad de esta iniciativa es la de no plantear que los problemas se arreglan aumentando las penas, creando nuevos delitos, incrementando las detenciones preventivas o incluso retornando a un sistema de corte inquisitivo. Sin desconocer que puede ser necesaria la introducción de algunos correctivos puntuales a los códigos, lo que se propone ahora es la necesidad de generar modificaciones internas en el funcionamiento de ese organismo para mejorar su eficiencia, no solo a través de la ampliación de funcionarios en aquellos ámbitos donde sea indispensable (por ejemplo en su cuerpo de investigadores), sino en la conformación de grupos especializados de trabajo, en el fortalecimiento de técnicas de investigación criminal que le permitan hacerse menos dependiente de la prueba testimonial y en la capacitación misma de su enorme y diversificada planta de personal.

Dentro de esta nueva estructura se ha pensado en usar criterios de priorización; pero ni son el único instrumento que se ha propuesto para mejorar el rendimiento de la entidad, ni constituyen la idea central de la reforma y ni siquiera son una idea reciente; su utilización se planteó por la anterior fiscal en el 2011 como una alternativa para ser utilizada en la investigación de crímenes de los paramilitares desmovilizados.

Es un mecanismo cuya puesta en funcionamiento debe ser tan cuidadosa como restringida, dado que así como quizás sea de gran utilidad en una fase de post-conflicto, también podría resquebrajar la confianza de la comunidad en la eficiencia del sistema penal cuando se tenga la sensación de que algunos delitos que el Estado ve como pequeños (pero que para sus víctimas no lo son) quedan en la impunidad. Por eso la puesta en funcionamiento no debe ser sino una de las varias herramientas que la Fiscalía utilice en esta etapa de reorganización para racionalizar su trabajo y conseguir cada vez mejores resultados en su lucha contra la criminalidad.

 

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