Por: Eduardo Sarmiento

Privatización con cifras artificiales

En una columna publicada hace un mes mostré cómo la información reportada por el gerente de la ETB para justificar la venta de la empresa contenía una alta dosis de juego contable. Las pérdidas para los años 2014 y 2015 que fueron empleadas para ilustrar el fracaso de la empresa se basan principalmente en la transición a la información NIIF.

Es ampliamente reconocido que la evolución de los ingresos es el indicador más representativo de la estructura de las empresas y de su potencial, toda vez que captura tanto su capacidad de expansión física como la de penetrar en los mercados. Por lo demás, debido a su simplicidad y generalidad no es fácil de manipular. Óigase bien. Luego de que los ingresos de la empresa descendieron durante diez años, la tendencia cambió en 2012, cuando se inició la transformación. Dichos ingresos crecieron 1,5 en 2013, 0,5 en 2014, 3,3 en 2015 y 6 % en el primer trimestre de 2016. Aún más diciente, en 2015 el avance de la ETB fue mayor que el de Claro y Telefónica, y de acuerdo con estimativos de expertos de la empresa, este año superará el 10 %.

Lo anterior tiene un claro reflejo en la historia bien contada. En la década anterior a 2012 la inversión creció por debajo de la depreciación y la concentración en la telefonía fija se mantuvo. El programa de modernización digital, que significó el fortalecimiento de internet, telefonía móvil y televisión, así como la ampliación de la inversión en $1,8 billones cambiaron drásticamente el comportamiento. Las actividades diferentes a la telefonía fija pasaron a crecer por encima de 5 %, con claros visos de incrementarse. En el primer trimestre internet creció 13 % y telefonía móvil 180 %.

Este parte de éxito no lo divulgó la empresa ni lo registró el Concejo, pero lo percibieron con enorme claridad los accionistas que siguen a diario la evolución de la empresa. La recuperación de los ingresos ha ido de la mano de la cotización de la acción, que se elevó 45 % en dos años.

El manejo de las cifras explica en buena medida la irregularidad del proceso. La aprobación al Concejo se presentó dentro del trámite del Plan de Desarrollo, que de entrada impedía el análisis detallado de la decisión señalado en la Ley 226 de 1995. De acuerdo con esta ley, los estudios de enajenación se deben presentar en los 60 primeros días del año para que los legisladores puedan estudiarlos y perfeccionarlos. El requisito no se cumplió y, lo más grave, el principal estudio, que de acuerdo con la misma ley es la valoración de la empresa, no existe. Ni más ni menos, el Concejo está en trance de aprobar la enajenación de un activo de más de cien años sin conocer su valor. La cifra de $2,1 billones presentada en el documento del Plan de Desarrollo no pasa de ser una opinión más para demeritar la empresa. EComo se verá en algún momento, en cualquier ejercicio serio la valoración de la empresa resultará muy por encima de esa suma, y dejará sin piso la cantaleta de que perdió valor en los últimos cuatro años.

Estamos ante una empresa en que la inversión supera la depreciación, los ingresos crecen por encima de los competidores y el valor del mercado aumenta. El desafío es administrar estos resultados para consolidarlos y perfeccionarlos. Pero se adoptó por el camino fácil. La presentación de la ETB por los mismos directivos como un negocio en quiebra e inviable, la deformación de los indicadores más representativos de su estado y el incumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley 226 contribuyeron a desacreditar la empresa y deprimir su valor real. Se creó una renta que les significará grandes ganancias a los compradores, a cambio del detrimento patrimonial de la nación.

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