Por: Rodrigo Lara

Problemas de ejecución y pocas soluciones

Bastante se habla hoy de los serios problemas de ejecución del Estado colombiano y muy poco de las soluciones para remediarlos.

Lo cierto es que, más allá de este gobierno, el Estado central tiene muchas dificultades para poner en marcha un plan nacional de grandes ambiciones, debido a que no cuenta con instituciones propias en las regiones que le permitan ejecutar sus políticas sin depender de los alcaldes.

Como alternativa a la corrupción y al despilfarro de muchos municipios, el gobierno central ha venido centralizando la ejecución de recursos por medio de figuras como Fonade. Incluso, en materia de regalías, se crearon los curiosos OCAD, conformados, entre otros, por funcionarios de Planeación Nacional, que sin conocer la región ni las complejidades técnicas de la ingeniería le dan un ciego visto bueno a los proyectos que presentan los alcaldes.

Últimamente, en este país en el que sucumbimos a todas las modas, se ha convertido en una citar al profesor James Robinson, autor del libro Por qué fracasan las naciones. Robinson, que conoce nuestro país, explica que nuestra forma de gobierno consiste en una especie de pacto entre élites centrales y regionales, que consiste en que las primeras le entregan el manejo de la cosa pública regional a las segundas, que siempre han hecho y desecho en sus feudos.

Podríamos decir que el señor Robinson descubrió el agua tibia con su diagnóstico nacional. Al fin y al cabo, si hay algo que tenemos claro en Colombia es la debilidad institucional del Estado y su fácil captura por todo tipo de grupos de interés. Lo que nos falta es coincidir en la solución al problema, que naturalmente no encontramos en el libro de Robinson más allá de vagas referencias a la necesaria construcción de un sistema de carrera administrativa apolítico y competente, eso que algunos llaman “servicio civil”.

En todo caso, centralizar la ejecución de la inversión pública no es una buena solución. Debemos buscar un equilibrio entre Estado central desconcentrado y Estado descentralizado. Necesitamos llegar a un esquema de pesos y contrapesos administrativos en las regiones. Un Estado descentralizado que ejecute, pero acompañado por un Estado central desconcentrado que supervise la legalidad —no la oportunidad— del gasto. No podemos continuar con los esquemas del economicismo de los noventa, para los cuales lo central y lo local constituyen dos ámbitos separados, cada uno con una definición propia de sus intereses y objetivos, y que funcionan de manera separada, compitiendo entre sí por recursos limitados.

En Chile, como en España o Francia y en muchos países de Europa, el presidente sigue contando con intendentes —de carrera y sin vínculos políticos— (nuestros antiguos gobernadores) que lo representan en las regiones y coordinan y ejecutan sus políticas en armonía con el Ejecutivo descentralizado regional, sin que su presencia signifique anular la descentralización. Un Estado central eficaz no es uno ausente del territorio. En un marco descentralizado, Estado eficaz es aquel capaz de regular el funcionamiento de las entidades territoriales sin menoscabar su autonomía.

 

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