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Arlene B. Tickner 5 Feb 2013 - 11:00 pm

Visión Global

Propuesta razonable

Arlene B. Tickner

El anuncio de que el estatuto antidrogas que prepara el gobierno Santos contemplará la despenalización de la dosis mínima de drogas naturales como la marihuana y la cocaína —sobre las que la Corte Constitucional falló favorablemente en 1994 y 2012— y sintéticas como el éxtasis y las anfetaminas, constituye una sola pieza de un necesario esfuerzo por despolitizar el debate sobre las drogas ilícitas y promover estrategias basadas en un análisis desapasionado de la evidencia empírica existente.

Por: Arlene B. Tickner
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Pese a ello han sido escasos los intentos por aplicar el mismo principio de sensatez para combatir la oferta, sobre todo en lo que concierne a la hoja de coca. Colombia es el único país del mundo que utiliza la aspersión aérea para erradicar los cultivos ilícitos. Independientemente de los efectos de los agrotóxicos para la salud pública —los estudios científicos identifican, entre otros, problemas respiratorios, brotes en la piel, diarrea y abortos espontáneos—, ha sido demostrado que como estrategia de lucha contra las drogas la fumigación es inefectiva. No sólo ha provocado un efecto globo, consistente en el desplazamiento de los cultivos a otras zonas dentro y fuera del país (como, por ejemplo, Perú), sino que su impacto sobre la producción neta de cocaína ha sido prácticamente nulo.

Es ampliamente reconocido que el cultivo de coca no asociado al uso ancestral está relacionado con problemas de pobreza, desigualdad y falta de oportunidades productivas alternativas. El último censo de Unodc indica que los aproximadamente 300.000 campesinos colombianos involucrados directamente en esta actividad ganan en promedio menos del salario mínimo legal. Además de ser criminalizadas y estigmatizadas como aliadas de las Farc, las poblaciones cocaleras perciben la fumigación como un acto de violencia cometido por el Gobierno que afecta su subsistencia —además de la coca, el glifosato acaba con los cultivos de alimentos—, lo cual puede redundar en la pérdida de legitimidad del Estado. El ejemplo de Afganistán es ilustrativo. Hace varios años Estados Unidos abandonó su propia política de erradicación de la amapola al descubrir que ésta estaba fortaleciendo los lazos entre las comunidades que viven de los cultivos ilícitos y los talibanes, que ejercen un poder de facto en muchas zonas amapoleras.

La necesidad de revisar el trato dado a los cultivos ilícitos también ha ganado terreno entre la comunidad internacional. En enero de este año Bolivia fue readmitida en la Comisión de Estupefacientes de la ONU y fue reconocido el derecho de los bolivianos a cultivar y masticar hoja de coca. Asimismo, la estrategia de control social desarrollada en ese país —que se basa en la participación de los grupos afectados en el diseño y ejecución de las políticas de la coca— ha sido señalada positivamente como un modelo alternativo que permite controlar los cultivos ilícitos y priorizar a la vez el bienestar de la comunidad.

Es oportuna en ese sentido la petición formulada por diversos actores nacionales e internacionales de que se declare una moratoria a las fumigaciones en Colombia. Además de razonable, la decisión —cuyo costo político sería marginal— podría generar un clima favorable para discutir el tema de las drogas en La Habana. La recién inaugurada Comisión Asesora de Política de Drogas, creada para acompañar al gobierno Santos en el diseño de una política integral, brinda un espacio invaluable para analizar esta propuesta.

  • Arlene B. Tickner | Elespectador.com

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carlos mendoza

Mie, 02/06/2013 - 20:18
También hay coincidencias con la propuesta de Petro para Bogotá en este tema. Al parecer hay pasos para considerarlo como un problema de salud pública. Ojalá tomen nota los gringos y el gobierno de Obama.
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carlos mendoza

Mie, 02/06/2013 - 20:19
Esta es una señal positiva del gobierno de Santos para las aproximaciones con las Farc en la Habana. Y una señal adecuada para los gobiernos vecinos.
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chococruz

Mie, 02/06/2013 - 07:35
El problema radica en que la opinión de la gente y de la sociedad en general está sometida desde hace mucho tiempo a lo que digan y quieran los poderosos banqueros o industriales o cuanta empresa navegue en los beneficios economicos del narcotrafico.
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