Propuestas

Una versión popular de la Biblia narra que Caín mató a Abel con una quijada de burro. El Creador no suprimió los cadáveres de burro o reglamentó su uso; castigó al asesino.

En la República Checa, en varios golpes de Estado, se lanzaron los vencidos por las ventanas, pero no se decretó prohibir las ventanas, se diseñaron estrategias para reducir cambios abruptos de gobierno.

Las brutales agresiones con ácido suman 900 en los últimos 10 años y sólo se ha judicializado a 10 atacantes. Se oyen propuestas para controlar este execrable delito: “prohibir o controlar la venta de ácido”; algunos funcionarios públicos parecen oír con simpatía la propuesta. Tal vez se ignora que el ácido sulfúrico es un componente de las baterías de los vehículos. Prohibir su uso está fuera de lugar, aun para las mentes más imaginativas. Regular la venta implicaría crear una División Nacional de Ácido (DNA), con burocracia y más corrupción que la DNE. Más importante es orientar los esfuerzos a la captura de los delincuentes y a su judicialización. Por supuesto, la posible DNA emitiría de tanto en tanto comunicados: “capturados 10 galones de ácido sin el correspondiente permiso”, lo cual tranquilizaría las conciencias, pero los ataques continuarían, a menos que los criminales sepan que, con alta probabilidad, serán castigados. Otra propuesta ante el horror del delito de la desfiguración con ácido es aumentar sustancialmente las penas de prisión. Con la casi absoluta impunidad hoy registrada —más del 95% de los atacantes no son capturados—, esta medida tendrá efectos mediáticos o electorales, pero no disuasivos. En países como Japón, las penas privativas de la libertad son inferiores a las colombianas, pero la posibilidad del delincuente de ser capturado y condenado se acerca al 100%. Existe evidencia empírica de que un transgresor analiza lo que puede llamarse el “valor esperado de la condena”, igual a la duración de la pena multiplicada por la probabilidad de ser condenado.

Muchos asesinatos y lesiones personales se producen con cuchillos de cocina. ¿Que pasaría si cada vez que ocurre un hecho de estos se pensara en controlar su uso?

Si con un bastón se descalabra a una persona, ¿se crearía la Dirección Nacional de Bastones, que reglamente su empleo? Se exigiría que sólo podrían usar bastón quienes tengan autorización de un ortopedista. Al poco tiempo habría un mercado negro de bastones y tal vez de médicos habilitados para expedir la necesaria certificación. Algo similar podría pasar con los bates de béisbol, palos de golf, etc. Los paramilitares y las bacrim no están muy preocupados pues no se oyen propuestas para controlar la venta de motosierras.

Es posible que las armas de fuego sólo tengan un uso, matar o herir. Esto justifica su control y ojalá su prohibición. Algunas instituciones han sido reacias a la prohibición de su porte y uso. Pero se aplaude la idea de control a dispositivos que tienen empleo en la vida cotidiana a pesar de que un desquiciado la emplee como arma.

Una prioridad del Estado en materia criminal es castigar a los culpables, reduciendo la impunidad y aplicando las penas del Código. Las permanentes modificaciones, producto muchas veces del inmediatismo, sólo contribuyen a una mayor impunidad. Propuestas mortificantes para la mayoría de la ciudadanía pueden tranquilizar la conciencia, pero no necesariamente disminuir la criminalidad.