Publicidad estatal; el quite al estatuto anticorrupción

Los gobiernos hacen política y paralelamente proselitismo; y la publicidad estatal sirve a ambos fines, pero el proselitismo con el erario plantea cuestiones ineludibles para la democracia.

El estatuto anticorrupción de 2011 distinguió la necesidad institucional de informar, de la tentación propia de los funcionarios de promocionarse a sí mismos. Así el artículo 10 permitió la información procurando limitar contenido, extensión y medios de comunicación, para garantizar austeridad. Y fue tajante al prohibir el uso de publicidad oficial, o de cualquier otro mecanismo de divulgación, para la promoción de servidores públicos, partidos políticos o candidatos; incluso prohibió el uso de la voz, imagen, nombre, símbolo, logo o cualquier otro elemento identificable que transite hacia la publicidad personificada y no institucional.

Sin embargo, esta necesaria prohibición fue derogada por el presidente Santos mediante Decreto 19 de 2012 y sustituida por una inocua prohibición referida a los patrocinios de impresión de ediciones de lujo.

Más aún, el estatuto anticorrupción tenía un parágrafo que establecía la obligación de reducir en 30% los rubros para publicidad o difusión de campañas institucionales. Sin embargo, la Ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, consideró que semejante obligación de reducir los gastos en publicidad le era contraria y la derogó.

El debate cobra mucha más importancia ahora que Santos hizo un anuncio sobre su intención de reelegir sus políticas —sin que se haya definido si será él o su ministro Vargas Lleras quien emprenda la campaña a la Presidencia de la República—. El interés de Santos en comunicar los resultados ha sido más que evidente; sostiene que a su Gobierno no le va bien en las encuestas porque no están comunicando. Por eso no es raro ver la pauta estatal en todas partes, a todas horas y en todos los medios, pautados por variadas entidades públicas.

El Estado debe tener la posibilidad de pautar en los medios de comunicación para informar lo que es útil para los ciudadanos; procedimientos, plazos, obligaciones y derechos. Sin embargo, cuando se trata de difundir los resultados del gobierno para afianzar la imagen de los mandatarios de turno, la cuestión es distinta.

Si bien hoy no es posible crear aquellas realidades ficticias con la publicidad estatal como lo hizo Goebbels, sigue siendo una herramienta capaz de aplacar la oposición y alinear a los medios, con el agravante de que para eso el mandatario de turno usa el erario. Por eso, todos estamos de acuerdo con que la publicidad estatal debe estar regulada y debe ser limitada.

Aun si la intención del Gobierno es comunicar los resultados del Gobierno, no se puede desconocer que esta andanada de publicidad que vemos tiene el efecto de promocionar al Gobierno y sus funcionarios. Aquello crea un desbalance en el debate político, con el agravante de que son los recursos estatales los que financian la campaña. No sabemos con exactitud el monto que se destina a financiar publicidad del Estado, pero sabemos que es mucho. Sabemos además que el Gobierno no está dispuesto a aceptar las necesarias limitaciones que hace sólo dos años presentó el ministro Vargas Lleras como un gran avance contra la corrupción.