Por: Fernando Galindo G.

Lo público vs. lo privado en salud

La comentada declaración del ministro Gaviria, en la que anunció "una reforma de fondo" al sistema de salud, ha suscitado reacciones entre algunos agentes de las EPS. No era para menos, si anticipó que el negocio de la salud llegará a su fin, al cambiar de modelo.

La evaluación histórica de lo que ha ocurrido en los 20 años de la Ley 100 demuestra que quienes propusieron el sistema de la salud como una mercancía rentable, prototipo de los países conducidos por el neoliberalismo económico (tan en boga en las últimas décadas del siglo pasado), lo lograron imponer sin consideración a los postulados de una sociedad igualitaria e incluyente, contenidos en la Constitución del 91. Primó la limitación de la intervención del Estado, para favorecer el libre mercado capitalista, representado por las EPS. La corriente neoliberal asumía que el Estado era ineficaz, mientras que las empresas privadas, por ser “correctas”, eran más eficientes en la prestación de los servicios. Lo patético de los resultados de la Ley 100 es que las empresas privadas no fueron tan eficientes, ni tan correctas, ni tan impolutas, y en gran medida contribuyeron a la corrupción del Estado.

Las infiltraciones de esas entidades en la organización estatal han sido denunciadas repetidamente por diversos medios y por algunos entes de control, que en los dos últimos años han reportado las anomalías detectadas. Ya hay varias EPS intervenidas y se han proferido sanciones de la Procuraduría. Tanto la contralora Morelli como la opinión pública están a la espera de las decisiones de la Fiscalía sobre esas denuncias.

La presunción de que las EPS, como su naturaleza implicaba, “promoverían” la salud de los colombianos, también resulto fallida. Desde la promulgación de la Ley 100, el Estado descuidó la salud pública, con los resultados del descendimiento de los indicadores centinela, como se ha mencionado recientemente, fundamentados en diversos estudios epidemiológicos.

Lo acontecido en el sector de la salud también ha sucedido en otras ramas de la actividad económica, como las obras públicas, el sector financiero, los servicios públicos, etc., los que, en la contratación con empresas privadas, han carecido de la supervisión y de la vigilancia oportunas del Estado en las dimensiones nacional y municipal, con las consecuencias conocidas.

La mayoría de los países europeos, particularmente los escandinavos, son una demostración de que, en materia de salud, el Estado puede ser un prestador eficiente y correcto, si la atención está centrada en la persona y en el interés público, por encima de la rentabilidad de los negociantes. A ese propósito contribuye la sociedad civil organizada, en la defensa de los derechos constitucionales.

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