¿A quién pertenece el patrimonio de las EPS?

La soberbia genética de las EPS, característica del poder dominante que se les otorgó desde el comienzo de la Ley 100, condujo al procurador Carrillo a sentenciar sobre Medimás que “es absolutamente indignante, inaudito, que una EPS, con todo el daño que le ha hecho al país, tenga el descaro de decirle a los colombianos que va a demandar a la Nación y a la Procuraduría General por $1.5 billones” como rechazo a las decisiones judiciales del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del pasado 19 de abril. Medimás, mediante maniobras fraudulentas, pretende evadir el fallo del Tribunal y persistir en la venta de lo que no le pertenece.

La cesión de Cafesalud (heredera forzada de Saludcoop) a Medimás fue una arbitrariedad del gobierno Santos porque esta surgió del consorcio de 198 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), denominado Prestasalud, creada como microempresa, con un capital de un millón de pesos (“Medimás: historia de una muerte anunciada”. Carolina Corcho, Revista Sur, 3-06-2019) y, por supuesto, con las cédulas de los socios. La legislación vigente establece que, para limitar la integración vertical, las EPS solo pueden poseer el 30 % de la red prestadora. Medimás comenzó su funcionamiento con el pago del Estado por la UPC que, para cuatro millones de afiliados, representaba un ingreso de $320.000 millones mensuales. Es decir, dineros públicos de los aportes parafiscales de los colombianos representados en la UPC financiaron a esa EPS, porque posiblemente el millón inicial de los socios resultaba insuficiente para la apertura del negocio.

Ni al ministro ni al superintendente de Salud del gobierno Santos les preocupó la insolvencia de la recién fundada EPS, por cuanto previamente a Cafesalud, empresa igualmente privada, le habían inyectado, en el año 2015, $200.000 millones provenientes del Fosyga, fondo de dineros públicos, al momento de trasladarle los afiliados de la liquidada Saludcoop.

Si la novata EPS se inaugura con el primer pago mensual de la UPC, cabe reflexionar de quién aprendió tan ventajosa estrategia de negocios: los dineros públicos de los colombianos financiando al sector privado.

Desde 1994, esta columna, cuando se escribía en El Tiempo, ha reclamado la precisión de la legislación respecto a los destinos de la UPC en manos de las EPS. Ha circulado la versión que, una vez prestados los servicios de atención a los usuarios, las EPS podrían capitalizar los dineros sobrantes de la UPC. De ser válida tal licencia, se explicaría la corrupción que implica la negación de la atención para que sobre más dinero a favor de tales entidades.

En la edición de las 100 empresas más grandes de Colombia, de Semana, figuran, en el sector salud, varias EPS privadas. El Estado está en deuda con los colombianos de revelarles el destino de sus impuestos parafiscales. El ministro de Salud debería encabezar la investigación de los orígenes del patrimonio de las EPS privadas y definir a quién pertenece ese patrimonio, si dichas entidades son liquidadas, aprovechando la coyuntura de Medimás.

Parche. Algunas decisiones de la rama judicial se están interpretando como favorecedoras de la delincuencia. La terna para fiscal es una gran responsabilidad histórica del presidente Duque.