La respuesta debería ser simple: los negociadores designados por cada una de las partes. ¿Qué pasará si una de las partes designa a alguien que no puede estar? Por lo pronto, hay que señalar que el proceso de paz ya comenzó con dificultades.
El anuncio de las FARC de pedir la presencia de Simón Trinidad en la mesa de negociación es un obstáculo para el desarrollo de este proceso. Es, también, un buen termómetro de la voluntad de paz o de guerra de este grupo insurgente.
En febrero de este año había señalado que la estrategia de negociación de las FARC recuerda un elemento característico del estilo de los líderes soviéticos: hacer propuestas impracticables, que no pueden ser ignoradas. A lo largo de toda la historia de su confrontación con el bloque occidental, los soviéticos se plantearon diferentes objetivos. Mientras se mantuvieron aferrados a la creencia de la victoria del comunismo sobre el capitalismo, toda negociación era en realidad una continuación de la confrontación por otros medios.
Esto podría ser lo que ocurre con las FARC. De la insistencia en la presencia de Simón Trinidad podríamos inferir que esta organización guerrillera no tiene una voluntad genuina de paz. En tal caso, el gobierno haría bien en cancelar la cita en Oslo. Por el contrario, si este escollo pudiese ser superado, podríamos decir que las FARC entendieron los límites de este tipo de estratagemas y que su voluntad de paz es fuerte.
A decir verdad, la presencia de Simón Trinidad en la mesa no debería ni siquiera haberse propuesto. El “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” dice: “En las sesiones de la Mesa participarán hasta 10 personas por delegación, de los cuales hasta 5 serán plenipotenciarios quienes llevarán la vocería respectiva.” Cada parte es responsable de integrar su delegación. No es obligación del gobierno hacer gestiones ante otro país para que las FARC conforme la suya.
El anuncio de las FARC equivale a querer ganar en la negociación lo que han perdido en el conflicto. Esto no cancela del todo el tema de Simón Trinidad, el cual podría abordarse en algún momento de los diálogos. Sin embargo, la presencia de Trinidad no puede ser una condición para el inicio del proceso.
Hay otro aspecto a tener en cuenta acerca de quiénes deben estar presentes en la mesa de negociación: el pedido de participación formulado por varias organizaciones de derecha y de izquierda. ACORE, la asociación de militares en retiro, por ejemplo, ha requerido presencia “amplia y permanente” de la oficialidad.
La participación de miembros activos o en retiro de las Fuerzas Armadas en la delegación del gobierno es fundamental. Así lo ha entendido el presidente Santos al incluir a los generales en retiro Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo. Lo hecho aquí en Colombia refleja lo aprendido en otros procesos de paz, como el salvadoreño. En las negociaciones con el FMLN, el coronel Mauricio Ernesto Vargas hizo parte de la delegación del gobierno: era un tropero, miembro de una red de oficiales llamada “La Tandona”, pero sin vínculos con el partido ARENA.
Hasta aquí, todo bien. Lo que es una insensatez es el planteamiento de ACORE según el cual “Todo tema relacionado con nuestras Fuerzas Militares debe ser innegociable.” Si todos quienes piden participación también pidieran poder de veto, la paz sería imposible.
Desde la izquierda el pedido de participación ha consistido en el reconocimiento del carácter de interlocutores a las organizaciones sociales y populares. Con buen tino, sin embargo, la exsenadora Piedad Córdoba admitió que “deben ser el gobierno y las Farc los que decidan quiénes deben acompañar el proceso”.
Detrás de la demanda de Piedad Córdoba hay una realidad innegable: la precaria representatividad de aquellos que dicen ser los voceros del pueblo colombiano. La fallida reforma a la justicia dejó en evidencia a un Congreso que legisla en beneficio propio. Quien investigue más sobre el asunto encontrará estos dos capítulos de la historia constitucional de la infamia: por un lado, la reforma que abolió el conflicto de intereses en los debates constitucionales (Acto Legislativo 1 de 2011) y, por el otro, el intento de preservar redes clientelistas por la vía de trastocar las reglas de ingreso a la carrera administrativa (Acto Legislativo 4 de 2011), recientemente bloqueado por la Corte Constitucional (Sentencia C-249/12).
El proceso de paz no va a remediar el déficit de representatividad de las instituciones colombianas. A lo sumo, tal como lo sugiere la agenda, saldrá un acuerdo relativo a garantías para la oposición e incentivos para la participación. Corregir el déficit de representatividad con una metodología estilo Caguán mataría el proceso de paz con un exceso de representantes. Ignorar las voces dispares de la sociedad, sin embargo, haría difícil legitimar los acuerdos y obtener del Congreso los cambios legales que de ellos se deriven. Este va a ser un aspecto que va a requerir imaginación, audacia y mucha sensatez.
Con el fin de hacer más representativo todo el proceso, el analista Luis Eduardo Celis ha propuesto buscar el concurso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Celis no indica cuál es la forma que tomaría ese concurso, pero lo justifica con el argumento según el cual el expresidente Uribe “representa por lo menos un tercio del país (…)” y con el de que la paz la hacen quienes están dispuestos a dejar de ser enemigos para convertirse en contradictores.
A primera vista, la propuesta parece razonable. Sin embargo, yo la veo inconveniente. Guardadas proporciones, el expresidente Uribe es al proceso de paz en Colombia lo que Roberto D'Aubuisson fue al proceso de paz en El Salvador.
Quisiera resaltar el término guardadas proporciones. En efecto, mientras que la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas para El Salvador encontró que D'Aubuisson fue el autor intelectual del asesinato de Monseñor Romero (p. 132), al expresidente Uribe lo que se le endilga es responsabilidad política por lo que hicieron sus subordinados (Moreno, Noguera, Santoyo, etc.). Hecha esta salvedad, vale la pena destacar algunas similitudes entre D'Aubuisson y el expresidente Uribe: su pertenencia a partidos de derecha (ARENA en El Salvador y la U en Colombia) y su odio visceral hacia la insurgencia y también hacia todas las formas de la izquierda, incluidas las legales.
En la historia abundan ejemplos que ilustran el hecho de que todo proceso de conversión tiene límites. Así como en 1991 era impensable una conversión de Roberto D'Aubuisson, creo que hoy es impensable una conversión del expresidente Uribe. Ojalá estuviese equivocado. No creo estarlo. Por eso considero que la presencia del expresidente sería un obstáculo en la negociación. Mejor que se vaya de asesor de Rupert Murdoch, el magnate mediático acosado por el escándalo de unas chuzadas.
Si de concursos se trata, sería conveniente vincular al proceso al gobierno de los Estados Unidos. Hasta ahora nadie ha mencionado al país que financió una buena parte del esfuerzo contrainsurgente del estado colombiano, el mismo que ha promovido la cuestionada “guerra” contra las drogas. Así como se ha visto involucrado en el problema, sería bueno que ambas partes lo involucraran en la solución. A este respecto, harían bien las FARC en aprenderle al FMLN.
*Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia