Por: Adolfo León Atehortúa Cruz

Raíces de la corrupción

Día tras día, a través de la prensa escrita, por radio o televisión, por las redes sociales o diversos medios, los colombianos somos bombardeados por una realidad que aplasta: la corrupción; la utilización por doquier del poder y de las posiciones o funciones públicas para obtener ventajas o prebendas particulares, para apoderarse con impunidad del erario público con fines privados y de lucro, para engañar y arrasar con la confianza de un pueblo que paga más y más impuestos.

La lista de hechos recientes es larga: Foncolpuertos, Interbolsa, Fidupetrol, Saludcoop, Juegos Deportivos Nacionales, Refinería del Meta, Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Gobernación de la Guajira, apropiación indebida de baldíos, Estraval. Poco antes de ellos: Hidroeléctrica del Guavio, Transmilenio en la Calle 26 de Bogotá, Agro Ingreso Seguro, la vía Bogotá – Girardot, Corpourabá, Caprecom, y múltiples carruseles en la contratación pública, etc. Más sonados y deslumbrantes en los últimos meses: Reficar, Odebrecht.

La acción de los corruptos no se ha detenido ante los pañales, los comedores escolares, las medicinas indispensables para graves enfermedades, ni frente a los recursos parafiscales de la salud. Los escándalos han salpicado a un procurador que se hizo reelegir a cambio de puestos para las familias o amigos de sus nominadores, a algún magistrado de la Corte Constitucional que se negó a renunciar pese a hechos denunciados en su contra y, últimamente, al propio fiscal anticorrupción, a decenas de funcionarios judiciales, incluso magistrados, a congresistas, altos funcionarios o exfuncionarios del Estado, y a docenas de alcaldes o sus subaternos a lo largo y ancho del país.

Las cifras, mal calculadas, sobrepasan 30 o 40 billones de pesos, según el Contralor General de la República; 50 billones anuales, según otras investigaciones; mientras el exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, estima que el sector privado se apropia de 60 billones al año con acciones corruptas. Estos recursos serían suficientes para saldar más de 25 veces el déficit urgente de todas las universidades estatales del país y garantizar la gratuidad para la educación superior pública.

¿Qué nos pasa?

Podríamos intentar diversas explicaciones, pero acudiré a una gruesa hipótesis que, de suyo, resulta difícil exponer y resumir de manera sustentada en el breve espacio que una columna ofrece: Un núcleo importante de científicos sociales nos brinda argumentos de peso basados en el devenir de nuestro país: la sociedad colombiana ha permanecido históricamente desarticulada, dispuesta en archipiélagos regionales fragmentados, compuesta por sectores de población difícilmente integrables, y sujeta a un intervencionismo social forjado en marcos muy estrechos, delimitados por la torpe acción de lo político. La capacidad del Estado no ha logrado sobreponerse a los intereses privados y la imagen misma de la nación, con carácter unificado, se ha movido sobre ejes precarios y un régimen de cuestionada democracia, surcado además por la violencia.

Esta es una verdad de apuño: la conducción del Estado en Colombia se ha desplegado más por lo político que por lo social. El poder de las elites se estructuró bajo la forma de subculturas partidarias que utilizaron y utilizan aún el caciquismo, la clientela y el engaño como mecanismo de articulación para la población. Los organismos políticos más tradicionales y sus líderes han develado los particularismos del beneficio propio y las ambiciones sociales de una élite arcaica y dispuesta a perseguir cualquier expresión que cuestione su sentir tradicional y su riqueza, o plantee rupturas frente a lo establecido.

En Colombia, una importante porción de organismos políticos regionales ha construido desde abajo las identidades sociales y las lealtades de la población. Antes que la transparencia, se ha esgrimido la filosofía del statu quo, la doctrina del dejar hacer-dejar pasar, la solidaridad primaria expresada con respecto a las creencias arraigadas en una especie de redes familiares extendidas –incluso religiosas-, la obediencia y el culto al capataz y no el respeto por el Estado Nacional. Y, en este complejo panorama, ni el Estado ha logrado cautivar la imagen de representatividad nacional; ni el poder, ni la forma concreta en que se ejerce la democracia ha obtenido su necesaria legitimidad. Por el contrario, el Estado Nacional se ha estremecido en su propia debilidad e impotencia.

En estas condiciones, atracar al Estado, saquear sus recursos, es una conducta que, desde sectores públicos y privados retardatarios, se arraiga incluso como cultura sin la menor vergüenza y con la convicción de que el castigo es inexistente. La solidaridad personal ejercida en redes regionales, de clientelismo y violencia, ha superado la solidaridad nacional frente a la construcción de un Estado democrático que debe levantarse para garantizar los derechos de sus asociados. La economía del mercado, el individualismo materialista que el capital propicia, el criterio del éxito económico como panacea y propósito de la vida, han contribuido en este escenario al abandono de una conciencia nacional por lo público, erguida con valores ciudadanos.

Mucho debe hacerse, entonces, para enfrentar de raíz el problema. La educación, en particular, tiene importantes tareas. La democracia necesita ciudadanos incrustados con honestidad en la cosa pública, atentos al servicio que ello implica, capaces de elegir con sabiduría las alternativas que garantizan y dignifican los derechos humanos, y comprometidos con la defensa de los recursos y bienes públicos. Bien dice Pepe Mujica: “a los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política; son un peligro: la política es para servirle a la gente”.

* Rector Universidad Pedagógica Nacional.

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