¿Reforma electoral a la brava?

Daniel Mera Villamizar
01 de abril de 2017 - 02:00 a. m.

La Misión Electoral pactada con las Farc no iba a conseguir consenso en dos meses y el Gobierno insiste en usar fast track.

No se necesitaba mucha perspicacia para escribir "Esta reforma electoral no tiene cómo salir bien" (28/enero/2017), pero sí una conducción errática del gobierno para superar el pronóstico escéptico de esta columna.

Un mes después de la instalación de la Misión Electoral, el ministro Juan Fernando Cristo salió con unas propuestas de reforma político-electoral para distraer la atención sobre Odebrecht y, de paso, confundir a la opinión pública interesada en el informe de la Misión. "El voto obligatorio y el voto a los 16 tienen que ver con el punto dos de La Habana para mejorar la política", alcanzó a decir. Algunos analistas se lo tomaron en serio. Por un par de días también se habló de la eliminación de la Vicepresidencia y la ampliación del periodo presidencial, a sabiendas de que era un 'globo' de Cristo.

La semana pasada se conocieron las líneas gruesas de la propuesta de reforma electoral de la Misión, y todavía se oyen gritos en el cielo. La Silla Vacía tituló: "¿Misión (Imposible) Electoral?". Ciertamente, elevar el número de congresistas y remplazar la Registraduría no parecen buenas ideas, pero todas las recomendaciones de la Misión podrían discutirse con calma, si no fuera porque el Gobierno se comprometió con las Farc a hacer una reforma electoral, es decir, ahí estamos vendidos.

En efecto, mediante el literal n del punto 6.1.10. del Acuerdo Final, el Gobierno se obligó a presentar al Congreso "reformas constitucionales y legales relativas a la organización y régimen electoral con especial atención sobre la base de las recomendaciones que formule la Misión Electoral", bajo el régimen del fast track (extendido a un año), es decir, bajo el régimen del politburó de seis (tres de las Farc) que deciden qué puede aprobar el Congreso.

Ante las reacciones adversas, "el Gobierno le propuso a la Misión Electoral Especial que ajustara sus propuestas para encontrar consensos entre los partidos y evitar que las reformas se hundan en el trámite, que debería comenzar en abril", informa La Silla. Lo que debemos proponerle a la Misión es: "hagan todas las recomendaciones que quieran, pero, por favor, que la primera gran recomendación sea: no tramiten una reforma electoral improvisada por un mecanismo carente de legitimidad".

Pero el Gobierno ni con un salvavidas así desistiría de una reforma electoral que no sabe bien qué contiene, solo por temor a las Farc. En la conclusión de la presentación que hizo la Misión en Cartagena se lee: "La indispensable necesidad de acuerdos. El éxito del modelo planteado se funda, en medida importante, en la legitimidad de la reforma que le dé origen". Si es irresponsable improvisar la mayoría de estos cambios para que operen en 2018, ¿por qué no hacerlos bien para el 2022? ¿Por qué a la brava? No somos ni seremos la Venezuela que hoy entristece.

En cualquier caso, la Misión Electoral Especial debería publicar las actas de sus deliberaciones. Aunque se precia de ser "completamente independiente", su origen invita a un análisis académico detallado. El Gobierno y las Farc acordaron que seis de los siete integrantes de la Misión serían seleccionados por cuatro instituciones: el Centro Carter, los departamentos de Ciencia Política de las universidades Nacional de Colombia y de los Andes, y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD). El séptimo es un representante de la Misión de Observación Electoral (MOE). 

Ellos están en medio de un juego delicado para el régimen político colombiano y, como entenderán, inevitablemente serán estudio de caso.

@DanielMeraV

 

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