Reforma en tierras

A finales del siglo XIX, Henry George publicó su libro "Progreso y miseria", en el que esboza una propuesta sencilla analizada innumerables veces desde aquel entonces: imponerle un tributo del 100% a las ganancias asociadas con la propiedad de la tierra.

La lógica es muy clara: el valor de la propiedad se deriva de la utilidad que, indirectamente, le provee a la población. Cuando se provee un bien público, en un determinado monto, el precio de la tierra afectada sube. Cabe pensar, entonces, que tiene sentido pagar la provisión del bien público con un impuesto de este tipo. Diversos autores han mostrado que, en efecto, el atrevido impuesto ideado por George es óptimo económicamente en toda clase de contextos.

Es útil desempolvar esta vieja discusión, variantes de la cual fueron planteadas hace muchos años por brillantes observadores de nuestra realidad, como don Hernán Echavarría, ahora que el Congreso empieza a examinar una iniciativa del Gobierno que, aunque no lleva la etiqueta formal, es una reforma agraria importante para el futuro del país.

La reforma planteada tiene dos ejes potencialmente contradictorios. El primero es explícito: el loable afán por restituir víctimas que se vieron obligados a migrar. El segundo eje es implícito: la distribución actual de la propiedad rural en Colombia es inconveniente.

La contradicción surge del siguiente hecho: si la reforma es exitosa, en los términos esbozados en la exposición de motivos, la propiedad rural en Colombia irá convergiendo, gradualmente, a la que existía hacia 1990. Iremos avanzando en la dirección de restituirles a los 750 mil hogares victimizados, por lo menos los 3 millones largos de hectáreas que, según el documento, les robaron a 460 mil de ellos. Pero al mismo tiempo transitaremos un camino que nos lleva directo a un lugar (el statu quo observado hace veinte años) al que no podemos considerar un objetivo serio de política pública.

Leer el articulado deja muy claro el colosal desafío técnico que se avecina, empezando por la creación de una base de datos sobre migración forzosa que sea creíble de cara a los serios problemas de riesgo moral vigentes y terminando en la identificación, construcción de la carga probatoria y persecución penal de los tramposos. Eso sin empezar a hablar de los obstáculos de otra índole que han terminado por derrotar los diversos intentos de reforma agraria de los últimos 50 años, ni mucho menos de la financiación de la nueva iniciativa.

Creo que habiendo tomado la saludable decisión de encarar semejante desafío, vale la pena explorar alternativas que combinen mejor el imperativo moral de reparar víctimas, con la necesidad social de modernizar la agricultura colombiana. Dado que parece muy claro cuáles son las tierras en cuestión, propondría el siguiente esquema. Primero, titular estas tierras a favor del Gobierno, derogando de tajo cualquier otra pretensión sobre ellas. Segundo, emitir a favor de cada desplazado debidamente registrado un título valor negociable en el mercado de capitales y proporcional al valor de los activos que le robaron. Tercero, poner en venta esta tierra, en bloques definidos técnicamente, proceso en el cual los títulos emitidos a favor de la población desplazada constituyen medio de pago y tienen prelación.

Esta alternativa, al igual que la propuesta radicada en el Congreso, lograría el objetivo de restituir a las víctimas y fortalecer los derechos de propiedad. La ventaja es que, al mismo tiempo, lograría enriquecer el proceso de formación de precios, aspecto que es crucial para la modernización rural y para la cual sería muy importante también ir desempolvando los valiosos textos de Henry George y de don Hernán Echavarría.