Por: Felipe Jánica

Reforma estructural: ¿Oportunidad u obligación?

En estos momentos de efervescencia y calor (fenómeno del niño y demás ingredientes), la economía colombiana debe decidir si prepara una reforma tributaria o si por el contrario asume la desaceleración como una oportunidad para – por fin – hacer cambios estructurales.

Las economías neoliberales de Latinoamérica (México, Colombia, Perú y Chile), afrontan en la actualidad desafíos interesantes. Éstos han generado que estas economías sigan estando en la mira de los inversionistas, no necesariamente por lo bueno, sino porque se ha generalizado la desaceleración económica producto de la tendencia a la baja de los precios de los “commodities”. Esto aunado a la desaceleración de la economía China, siendo ésta una de las principales compradoras de dichos “commodities”.

Para el caso colombiano, por ejemplo, es necesario que se piense en una reforma estructural, pues creciente déficit fiscal – que se incrementará con el posconflicto – supone una inminente reforma tributaria, en donde el principal impuesto que surgiría sería el de la paz. Es decir, como siempre, quienes pagan los platos rotos son los ciudadanos y su aparato productivo. Para evitar esta situación –nada halagüeña– es necesario que el Estado proponga una reforma estructural y participativa, es decir una en la que se construya conjuntamente entre el Gobierno y el sector privado. En esta reforma se deben consensuar los pilares fundamentales para atacar la dependencia de los bienes o actividades primarias (commodities), como principal aportante del PIB.

En la medida en que se establezca una planeación estratégica del Estado, se podrá empezar a trabajar en soluciones de largo plazo. En esta reforma estructural se deben establecer prioridades en materia de industrialización, competitividad, productividad, informalidad económica y por supuesto la corrupción, la que no deja de ser un mal endémico. En materia industrial deben crearse mecanismos innovadores para financiar el aparato productivo y que se fomente la inversión en esta materia (tanto local como extranjera). En lo que respecta a la competitividad, se debe trabajar conjuntamente en un plan de choque frente a los pilares más problemáticos establecidos en el reporte global de competitividad del Foro Económico Mundial, donde lo más desafiante es la corrupción, infraestructura y la tasa de impuesto –la más alta de la región–. La tasa impositiva debe ser disminuida significativamente para retomar la confianza inversionista, sobre todo por la necesidad de financiación de la precaria infraestructura actual.

Por el lado de la productividad, se debe enfocar el esfuerzo en la educación, donde lo más importante es la básica y sobre todo para los estratos más necesitados. Al respecto, se debe pensar en la inclusión de cátedras, desde edades tempranas, de innovación, tecnología de la información y emprendimiento, impartidas por supuesto por emprendedores exitoso. De igual manera la misma suerte debería correr la educación técnica y profesional, pero sobre todo especializada en los sectores de la economía que se establezcan como objetivo en la planeación estratégica del Estado. En lo que respecta a la inclusión de la informalidad económica, se deben crear incentivos tributarios de toda índole que faciliten la generación de confianza de los económicamente informales.

Es por eso que una reforma estructural no sólo representa una oportunidad estratégica para el Estado colombiano sino que se convierte en una obligación, pues facilitaría la creación de alternativas disruptivas de crecimiento económico, pero sobre todo que sea sostenible y no dependiente de un sector como el de hidrocarburos, del cual no se tiene control alguno.

 

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