Por: Hernán González Rodríguez

¿Reforma a la Justicia?

En opinión de algunos exmagistrados, exprocuradores y constitucionalistas, la aprobación del proyecto de reforma a la Justicia en la Comisión Primera del Senado tuvo un comienzo deplorable, porque se aprobó un texto de proyecto de reforma superficial, inadecuado para hacer del derecho una herramienta para la convivencia.

El constitucionalista Hernando Yepes dijo que el procedimiento de buscar una concertación entre las partes está "equivocado". "Es inapropiado el sistema de buscar acuerdos". "La Constitución no puede tratarse como un pacto de poderes". "Arrancamos mal en la concepción del tema y no podemos tener un buen resultado", concluyó Yepes. Tiene razón, la Constitución no puede convertirse en un catálogo de pactos para perpetuar injusticias.

Es de esperar que en los ocho debates que le faltan a este proyecto le introduzcan en el Congreso modificaciones que de veras solucionen problemas de la justicia como la politización, la corrupción, la morosidad, la impunidad, la duplicidad o incertidumbre de las funciones, el nombramiento y el juzgamiento de los funcionarios de la Justicia… La Historia no le perdonará al Presidente Santos que dilapide en reformas mediocres sus mayorías de más del 80% en el Congreso.

Omisiones concretas. Las tutelas no se reformaron, porque al decir del senador Luis Fernando Velasco, "si están funcionando bien para qué nos ponemos a tocarlas". La institución de la tutela habría sido un gran avance si nuestra Corte Constitucional no las hubiera prostituido al incluir dentro de los derechos fundamentales los derechos conexos, si no hubiera establecido las tutelas contra las tutelas...

Por eso, cuando uno habla con jueces y magistrados le reconocen estar abrumados en su trabajo por tutelas sobre temas que desconocen, como por ejemplo, las complejas y costosas decisiones de los especialistas de la salud... Es decir, por la "tropicalización" en forma innecesaria de las tutelas. ¿Es esto funcionar bien, apreciado senador? No se equivoque, el país ya ha comenzado a concientizarse sobre la magnitud de la crisis de su Justicia.

Los defensores del acuerdo mediocre, más que de una reforma, sostienen que lo más importante radicó en otorgarles facultades especiales a los notarios, los abogados y los inspectores de policía para que penalicen los delitos por las llamadas pequeñas causas. Pero entiendo que ninguno de ellos está facultado para recabar las pruebas y sin pruebas no hay penalización posible. El funcionamiento de este supuesto gran acercamiento de los ciudadanos a la Justicia no resulta ser claro para los legos.

El acuerdo aludido sí garantizará más recursos para la Justicia, mas no los $8,8 billones que solicitaban para la descongestión de cerca de 2,5 millones de procesos represados. No sobra recordar que figura Colombia dentro de los países con mayor número de jueces por cada cien mil habitantes.

El acuerdo mencionado incluía la Justicia Penal Militar, con el fin de permitir que los procesos relacionados con las acciones militares de los uniformados pasaran a manos de la Justicia Militar y no a la ordinaria como a la fecha. El ministro Vargas Lleras retiró esta Justicia del proyecto a última hora. Espero que no la someta a un aplazamiento funerario. Si en Colombia no hay quien defienda la población, ni quien aplique justicia, no nos extrañemos por la reaparición de los grupos de autodefensa.

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