Por: Cecilia Orozco Tascón

Reforma a la justicia, peor que el narcomico

El narcomico. Así denominó la prensa el intento de los congresistas de acabar con los juicios que contra ellos adelantaba la Corte Suprema por haber recibido dineros sucios de los carteles de Medellín y Cali para financiar sus campañas y carreras.

Concretamente, la justicia les había abierto una causa criminal por enriquecimiento ilícito proveniente del narcotráfico. Pero con el narcomico los parlamentarios pretendían garantizarse inmunidad judicial, como desean hacerlo sus sucesores de hoy, 17 años después, frente a la parapolítica que van a sepultar con la supuesta reforma a la justicia, en verdad un plan encubierto de impunidad.

En diciembre de 1995 había muchas indagaciones dentro del llamado proceso 8.000 que afectaban a miembros de todos los partidos. Cursaba en el Congreso un proyecto de ley más, sobre seguridad ciudadana. El 13, la plenaria del Senado lo aprobó pese a que a última hora ‘alguien’ introdujo un artículo según el cual no se podía procesar a nadie por enriquecimiento ilícito hasta tanto los donantes de las campañas no fueran condenados. En esa década, el país entero se encontraba sometido por intimidación y corrupción a los sanguinarios Escobar, Rodríguez Gacha, Rodríguez Orejuela y otros capos. Éstos, igual que los mancusos y castaños recientes, habían conseguido llevar a sus conmilitones al Capitolio y Colombia entera lo sabía. Sin embargo, el Senado quiso hacernos tragar el cuento de que era una injusticia llamar narcotraficantes a los jefes de la mafia.

En medio del gran escándalo que se dio por el 8.000 y del que suscitó la aprobación del narcomico, el 15 de ese mes y año el presidente de la República —que también había sido investigado y absuelto en la Comisión de Acusación por la infiltración de tales dineros ilegítimos en su campaña— envió un mensaje a la Cámara de Representantes, donde se daría el debate final, con la advertencia de que usaría la facultad de objetar el proyecto en caso de ser refrendada la votación del Senado. El ministro del Interior Horacio Serpa, el ministro de Justicia Néstor Humberto Martínez, y el fiscal general Alfonso Valdivieso pronunciaron fuertes discursos en los que se apelaba a la dignidad de la Nación para impedir que semejante inmoralidad se convirtiera en ley. La presión del Ejecutivo y de la prensa surtió efecto. La Cámara hundió por unanimidad el narcomico cómplice de los bandidos. Por cierto, esa noche el espurio artículo sólo tuvo un defensor: Carlos Alonso Lucio.

45 días después de que el honor del país hubiera ganado esa batalla, el 31 de enero de 1996, el Consejo de Estado les inició investigación de pérdida de investidura a cinco senadores porque, teniendo investigaciones abiertas en la Corte Suprema por el preciso delito que iba a tumbar el narcomico, votaron a favor de él. Eran: Jorge Ramón Elías Náder, José Guerra de la Espriella, Armando Holguín, Francisco José Jattin y Alberto Santofimio. Todos fueron condenados y despojados de su calidad de congresistas. Así triunfó el espíritu del constituyente del 91.

El panorama actual es bien diferente: el jefe de Estado hace mutis por el foro y deja que se beneficien sus aliados políticos —especialmente los corruptos— y unas cortes venales. El ministro del Interior y el de Justicia pasan de agache. Los enjuiciados votan con permiso el monstruoso proyecto que: 1. Tumba la eficacia del juicio penal y la pérdida de investidura de los congresistas. 2. Compra a los jueces de los parlamentarios 3. Impide que haya denunciantes anónimos, con lo que nadie se arriesgará a revelar los actos ilícitos que conozca. Triunfa el crimen, la Constitución está derrotada. 2012, peor que 1995: esto dirá la historia sobre el presente, del gobierno, el Congreso y la Rama Judicial.

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