Por: Fernando Galindo G.

Reforma radical al sistema de salud

Algunos analistas políticos, en las predicciones para el año que comienza, afirmaron que la agenda del presidente Santos estaría exclusivamente confinada al proceso de paz y que los demás temas de equidad nacional, incluida la reforma al sistema de salud, se relegarían nuevamente para otro tiempo, en función de la negociación con las Farc.

El ministro Alejandro Gaviria, en entrevista con Yamid Amat (El Tiempo, 13-01-13), desvirtúa categóricamente tal vaticinio al afirmar que, después de haber conversado con el presidente, acordaron presentar “una reforma de fondo” al sistema de salud, en la legislatura ordinaria de marzo. Afirma que “hay que cambiar el modelo, sin repetir los errores del pasado”. Acierta al reconocer que las reformas anteriores fueron fallidas y no aportaron beneficio alguno a la salud de los colombianos. En efecto, desde la promulgación de la Ley 100, hace 20 años, las reformas han sido insubstanciales, porque ni los gobiernos ni los legisladores se atrevieron a considerar el cambio de modelo, para evitar disentimientos con los grandes poderes económicos, lo que resultaba políticamente conveniente en períodos preelectorales.

El mandatario ha urdido cuidadosamente la trama jurídica para lograr la paz, que todos los colombianos anhelamos fervorosamente. El mensaje enviado por el Gobierno con una reforma de esta envergadura es que el Estado asume la rectoría de los componentes esenciales de la justicia social, que además de la salud implican la educación, la vivienda, la infraestructura, el empleo digno, etc., frecuente y dolosamente utilizados por los voceros de las Farc, en sus agotados discursos de La Habana.

El sistema de salud definido en la Ley 100 de 1993 se promulgó en medio del conflicto armado y, como éste, también ha producido víctimas.

En las discusiones de la Comisión de Seguimiento a la sentencia T-760/08 de la Corte Constitucional, se ha hecho evidente que el desatino, hasta ahora indemne, de la Ley 100 fue haber montado un sistema de salud ajeno en su concepción, estructura y desarrollo al derecho fundamental a la salud y a la protección que el Estado está obligado a garantizar para el ejercicio ciudadano de dicho derecho.

La reforma contempla, entre otros aspectos, el cambio de funciones de las EPS o su desaparición (que sería lo mejor), una vez se defina si el patrimonio de esas entidades le pertenece al sistema de salud. La centralización del recaudo, eliminando la intermediación financiera. La creación de un fondo único pagador, que facilite el flujo directo de recursos a los hospitales y el pago directo de Minsalud por medicamentos y dispositivos. Control de precios y calidad de los servicios, con compras centralizadas. Las secretarías de Salud asumirán la administración del régimen subsidiado. Se cofinanciará el régimen contributivo, con impuestos generales.

Esta propuesta evidencia que el ministro Gaviria analizó con metodología científica la crisis de la salud y tuvo la entereza de formular, consecuentemente, la reforma que el país estaba esperando.

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