Por: Augusto Trujillo Muñoz

Reingeniería judicial

Algunos columnistas analizaron los sucesos que envuelven a la Corte Constitucional a través de una suerte de visión institucional supersticiosa.

César Rodríguez, Jorge Iván Cuervo y Rodrigo Uprimny en ‘El Espectador’, coinciden en la idea de preservar la Corte “porque es la entidad más importante para los derechos humanos en el país” y porque “salvó la democracia de la reelección”. Porque la Corte y el Banco de la República, “son las instituciones más importantes” de la Carta Política y porque las investigaciones que la afectan se refieren a conductas individuales. Por el contrario, yo me temo que la Corte necesita una reingeniería antes que su simple preservación para que todo siga igual.

Las grandes conquistas de la Constitución del 91 giran en torno a tres aspectos distintos: la garantía de los derechos individuales, la democracia de participación y la autonomía territorial. Son conceptos constitucionalizados en 1991, que no existían en la Carta anterior. Respecto del primero, resulta evidente que la Corte es la gran defensora de los derechos. En cuanto al segundo ha sido, más o menos, indiferente y frente al tercero es francamente regresiva. Buena parte de la doctrina jurídica coincide con estos criterios.

Dicho de otra manera, no son tan altas las notas que respaldan la ilusionada tesis de la preservación de la Corte. No lo son, al menos, si se comparan con los desarrollos esperados y deseables de los tres mencionados avances de la Constitución. En su balance neto cuenta con más prestigio que buenos resultados. Se hipertrofió hasta el punto de invadir los terrenos del legislador e incluso del constituyente. No es difícil encontrar sentencias que van a contrapelo de la Carta Política cuando la función de la Corte es, precisamente, resguardar su vigencia.

Problemas tan delicados suelen generar reacciones como la del columnista Ramiro Bejarano, cuya propuesta supone la revocatoria de todos los magistrados porque “el sistema colapsó”. Llega hasta el punto de extenderla “a todos los magistrados, incluidos los decentes”, de quienes el magistrado Nilson Pinilla es un valiente precursor y el magistrado Mauricio González el mejor ejemplo. No sobra decirlo: González hizo lo que tenía que hacer, en un Estado donde casi nadie hace lo que tiene que hacer. Eso muestra su confianza en el derecho y su entereza moral.

En el país existe un desequilibrio de poderes a favor del ejecutivo, pero también de la Corte Constitucional. Es preciso corregirlo y eso le corresponde al Congreso. No al gobierno y menos a la misma Corte. Yo fui miembro del Congreso y conjuez de la Corte Constitucional. Ambas cosas me honran como ciudadano y como abogado. Guardo afecto por las dos Corporaciones y profeso respeto por sus miembros. Pero ahora es indispensable, prioritario formular desde el Congreso una nueva política para la justicia en Colombia. De otra manera el país, que ya vive una crisis institucional, terminará convirtiendo su Estado de Derecho en un sistema de arbitrariedad con leyes.

*Ex senador, profesor universitario, @inefable1

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