Reino de la improvisación

Iván Duque, el aprendiz de precandidato presidencial del uribismo, con una demanda por cierto bastante precaria, tumbó en la Corte Constitucional apartes de la JEP, gracias a que el día de la votación del fallo el recién llegado a la Corporación, el magistrado cristiano-uribista Carlos Bernal (http://bit.ly/2sbpKie), en vez de declararse impedido como debió haberlo hecho, decidió apoyar la decisión que tanto daño causó al proceso de paz con las Farc. Así como Duque ganó fácil fama de presidenciable, ahora los medios lo graduaron de jurista, y lo que es más preocupante, él se ha creído el cuento y se siente habilitado para ofrecer las más disparatadas declaraciones sobre su peculiar forma de concebir el complejo universo del derecho.

En efecto, se conoce que el Gobierno ha presentado un incidente de nulidad de la malhadada sentencia de la Corte Constitucional que cercenó severamente el camino de la paz, y preguntado Duque sobre qué opinaba sobre el hecho de que se pretenda invalidar ese fallo, soltó una cadena de sandeces que solamente pueden provenir de quien es ignorante u osado, o ambas cosas y aún más.

Según Duque, que el Gobierno promueva la anulación del fallo que lo dejó descontento implica desconocimiento de la sentencia y violación del debido proceso, porque la Corte adoptó esa decisión con el voto del magistrado propuesto por el mismo presidente Santos, quien no requería de tiempo adicional para estudiar el proyecto de lo que se convirtió en providencia, pues ya en los medios era ampliamente conocido el tema. Son protuberantes los disparates del novel “jurista”.

En primer término, pedir la anulación de un fallo no implica desconocerlo, ni menos violar el debido proceso. Es un acto legítimo, previsto en la ley. Lo que persigue la petición de nulidad es precisamente que se respete el debido proceso que resultó transgredido groseramente cuando uno de los cinco magistrados que tomaron la determinación a las volandas votó estando impedido para hacerlo. El asunto no puede mirarse con la lógica de Duque, según la cual la decisión de la Corte no tiene reparo porque fue adoptada además por otros cuatro magistrados, por la sencilla razón de que si Carlos Bernal hubiese podido ser recusado —ya que no tuvo el decoro de manifestar su impedimento—, a lo mejor habría sido separado de este proceso, y el proyecto del fallo de marras no habría conseguido la mayoría precaria de cinco votos y habría sido necesario designar un conjuez que dirimiera el asunto.

Que el magistrado que hizo posible la mayoría para que la Corte tomara la decisión hubiese sido ternado por Santos y que ahora el Gobierno se alce válidamente contra el fallo no tiene nada de contradictorio, como lo sugiere Duque. El hecho de que un mandatario postule a alguien como juez no supone que este tenga que decidir como lo desee el nominador. Y es risible sostener que Bernal no requería tiempo para estudiar el proyecto de fallo porque el tema ya era suficientemente conocido en los medios, porque eso es farandulizar el templo sereno y sagrado de la jurisprudencia.

Ya se verá qué dirá la Corte Constitucional sobre la solicitud del Gobierno para que se anule el fallo que dejó tan felices a los uribistas y en vilo el proceso de paz. En lo personal, sigo creyendo que esa sentencia es nula. Por lo pronto, lo que sí ha quedado claro es que Iván Duque no solo improvisa cuando piensa y habla como abogado, sino que además es un improvisado precandidato.

Adenda. El comandante del Ejército, general Alberto José Mejía, confirmando su talante respetuoso y democrático, pidió excusas al canal RCN por el confuso episodio de esta semana cuando algún oficial que no estaba bajo su mando pretendió interrogar una periodista para obligarla a revelar sus fuentes. ¿Por qué la Fiscalía y la Rama Judicial no piden excusas también por la decisión que adoptó el juez tercero de garantías de Buga, Henry Castillo, a petición de la fiscal tercera de esa ciudad, María Edith Díaz, de interceptar las cuentas de las redes sociales del periodista William Vianey Solano para establecer sus fuentes? ¿Son, acaso, distintos y mejores los derechos de los periodistas y medios de la capital que los de quienes viven en provincia?

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