Relocalizar los procuradores judiciales

Los procuradores judiciales (PJ) son cargos redundantes y costosos. Deberían entonces suprimirse, o al menos su número debería ser reducido radicalmente.

Los PJ actúan en algunos procesos judiciales, cuando se considere necesario para la defensa del interés público. Eso suena muy importante, pero en realidad no lo es, porque el PJ en general duplica la labor de otros intervinientes en el proceso.

Por ejemplo, en el proceso penal acusatorio, el fiscal representa a la sociedad y a las víctimas, y a nombre de ellas investiga y acusa; el procesado se defiende, y si es pobre, cuenta con un defensor público, y los jueces controlan el respeto del debido proceso y determinan si el procesado es culpable o no. Entonces, ¿qué papel le queda a un PJ? Ninguno, y por ello los PJ penales repiten la tarea de la Fiscalía, del juez o de la defensa, sin que se vea su utilidad.
Estos resultados exiguos de los PJ no es culpa de quienes ocupan esos cargos, muchos de los cuales se esfuerzan por aportar a la sociedad. Pero su capacidad para hacerlo es baja por ser un funcionario redundante, que duplica la tarea de otros.

Supongan que en un restaurante existiera el “supermesero”, cuya función fuera recoger los platos, pero un minuto después de que el mesero ordinario lo hubiera hecho. Por más de que ese supermesero se esforzara por hacer una buena labor, su contribución a la buena marcha del restaurante sería mínima, pues duplica la labor del mesero. Eso les pasa a los PJ.

La cosa no sería grave si no fuera costosa. Pero no es así. Hoy hay unos 760 PJ, en general con altos sueldos. Por ejemplo, más de 300 tienen salarios de magistrado de tribunal, esto es, unos 19 millones de pesos mensuales que, con las prestaciones, son más de 100.000 millones al año…

Hoy, hay una gran oportunidad para reducir ese despilfarro. Hasta hace pocos meses, los PJ eran cargos de libre nombramiento del procurador general y eran intocables, pues eran la cuota clientelista de los distintos procuradores. Pero eso se acabó. La Corte Constitucional, con toda razón, señaló en la sentencia C-101 de 2013, que los PJ eran de carrera y ordenó realizar el correspondiente concurso. El procurador pidió a la Corte no cumplir con esa orden, porque cuesta mucho convertir a esos PJ en funcionarios de carrera (con lo cual, dicho sea de paso, Ordóñez preserva su control clientelista de esos cargos). Pero la solución es otra: reducir radicalmente el número de PJ, pues una decena es suficiente para que la Procuraduría cumpla su función constitucional de intervenir excepcionalmente en los procesos judiciales. Y los hoy PJ, muchos de las cuales se esfuerzan por ser buenos funcionarios, podrían ser trasladados a otras instituciones, como la Fiscalía o la Defensoría Pública, en donde hacen falta y cumplirían una labor verdaderamente productiva. El procurador, el Gobierno y el Congreso tienen hoy la oportunidad de oro para limitar ese cargo suntuario del Estado colombiano. Ojalá no la derrochen.

* Director Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional