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Remiendos fiscales a una bolsa rota

Juan Manuel Ospina
11 de septiembre de 2014 - 03:29 a. m.

El gobierno saca pecho porque dizque que vamos para la OCDE “viento en popa”, aunque no estemos haciendo la tarea para pasar el examen de admisión.

Igual retraso e indolencia para responder a los compromisos de La Habana al materializarse un gran acuerdo nacional. Se está en mora de tomar en serio el tema fiscal y no seguir remendando una bolsa fiscal vieja, desgastada y profundamente inadecuada para hacerle frente a, por lo menos, los dos compromisos mencionados.

Colombia bate las marcas de desigualdad e inequidad en la distribución del ingreso. Puede que haya hoy menos pobres extremos que hace 15 o 20 años, pero lo que sí no deja dudas es que la riqueza nacional, que está creciendo, es cada vez de menos colombianos. Somos de los pocos países en el mundo donde, después de pagar impuestos, la desigualdad de ingresos en vez de disminuir, se ensancha. Es decir, tenemos un sistema tributario profundamente regresivo que en vez de distribuir, de desconcentrar el ingreso, lo concentra aún más.

Aunque las tasas nominales de tributación estén alineadas con el promedio de las de países equiparables, sin embargo, por el cúmulo de gabelas tributarias amparadas en “la confianza inversionista” que este gobierno protege juiciosamente, los resultados efectivos del recaudo de los grandes contribuyentes, con los bancos a la cabeza son bajísimos. Montos que resultan un mal chiste para una clase media, esa si golpeada por una alta tributación inconvenientemente alta en términos de justicia y de simple lógica económica. Capítulo aparte merece el tratamiento de privilegio a la inversión extranjera, especialmente la minera y energética, la niña de los ojos de la tecnocracia que controla los comandos de la política económica.

Es una gran tarea pendiente la elaboración de un verdadero estatuto tributario moderno, coherente, sencillo y progresivo, blindado para que entre las tasas nominales y las efectivamente pagadas no haya diferencias y que las distintas inversiones sean tratadas en un plano de igualdad. Un estatuto que obligue a que, sin excepción, todos paguemos lo que en justicia nos corresponde; que las rentas del trabajo no sigan castigadas, mientras que a las de capital las mantienen en un sitial de privilegio. Para que le sea reconocido y protegido el ingreso a la clase media que con su trabajo y austeridad levanta una familia y pelea por generar un ahorro para el futuro o para montar su proyecto empresarial de pequeña o mediana talla – agropecuarios, comerciales o industriales –, que fue saqueado como ocurrió con la reforma del 2012 y que ahora verían diezmado su esforzado patrimonio por el nuevo esperpento fiscalista. Nuevo remiendo fiscalista para cubrir el faltante de ingresos ocasionado por sus errores del 2012 y para cubrir el alto costo de los compromisos ocasionados por la tortuosa reelección presidencial.

Claramente se olvida que esas empresas medias son las principales generadoras de empleos estables y dignos.

Demorar o desnaturalizar esa tarea, que no da espera, le ocasionaría al gobierno que el postconflicto se le vuelva un dolor de cabeza financiero y político, y que se le empantane la admisión a la OCDE, de la cual solo se sabe que recibieron la solicitud y que empezarán a revisarla para ver si cumplimos requisitos, empezando por el de la equidad tributaria. Solo con plata contante y sonante, no con etéreos discursos de un futuro mejor, podremos sembrar la semilla de la paz, que le exigirá al país, a los contribuyentes, un enorme esfuerzo financiero y administrativo durante al menos una década.

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