Renuncia

Quise deliberadamente que pasaran la fiebre, el llanto y la borrachera mundialistas para referirme a un hecho que a mi parecer reviste mucha gravedad pero que ha pasado inadvertido en los medios por esas razones. Me refiero a la intempestiva renuncia del director del Instituto de Bienestar Familiar, ocurrida en los días anteriores.

Conozco a Marco Aurelio Zuluaga G. desde hace más de treinta años. Como funcionario público ha dado muestras de ser un directivo inteligente, eficiente, leal con las políticas institucionales y de probidad a toda prueba. Su paso por el Fondo de Proyectos de Desarrollo, Fonade, la estatal aseguradora la Previsora, y la Superintendencia de Industria y Comercio así lo atestiguan.

En su carta de renuncia del pasado 3 de julio hace un recuento de los resultados obtenidos en su corta gestión de ocho meses, interrumpida por razones aún desconocidas para la opinión pública, los cuales no son pocos habida cuenta de su cortedad.

Si bien es cierto que el cargo de director es de libre nombramiento y remoción, esa potestad no se puede ejercer sino por razones del servicio, esto es, cuando se busca mejorarlo, lo que implica razones de mala gestión o de la necesidad de poner al frente una persona con mejores condiciones técnicas que las del funcionario saliente; y este, evidentemente, no es el caso.

Entonces queda flotando en el ambiente la necesidad de tener una explicación de los motivos que movieron al alto gobierno a pedirle la renuncia a un funcionario que desempeñaba sus funciones dentro de los principios que orientan la función pública y que demuestra haber servido ese cargo con elocuentes muestras de eficiencia.

El director del Departamento de Prosperidad Social, Gabriel Vallejo, y la secretaria general de la Presidencia nos deben una respuesta satisfactoria y están en la obligación legal y moral de suministrársela a la opinión.

No quiero pensar que ese jugoso botín de $3 billones anuales de presupuesto, de 8.000 operadores, 12.000 funcionarios (6.000 de planta y 6.000 contratistas), las 63.000 madres comunitarias y los 7 millones de usuarios que menciona Zuluaga en su carta de renuncia vayan a ser objeto de las nunca bien satisfechas fauces voraces de la rampante politiquería.

Si ello fuere así, ¿en qué queda el gobierno del presidente Santos y qué se puede esperar de las políticas sociales en el posconflicto?

Jorge Martínez. Bogotá.