Reparación del daño social: ¿solución para La Guajira?

La Guajira y Nariño: dos departamentos situados en los extremos norte y sur del país, con una geografía, una historia y culturas diferentes y un presente igualmente distante.

En Nariño, el gobernador, Camilo Romero, está implementando un modelo de gobierno para luchar contra la corrupción basado en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. A través del programa Gobierno Abierto de Nariño (Gana), los nariñenses pueden hacerles seguimiento a la ejecución presupuestal, al desarrollo de las obras, a la ejecución del Plan de Desarrollo, a la declaración juramentada de los funcionarios del nivel directivo de la Gobernación, que incluye la declaración de renta y movimientos bancarios, entre otros (ver gana.narino.gov.co). Asimismo, a través de la plataforma los ciudadanos pueden expresarse a favor o en contra de las obras que se propone desarrollar el gobierno departamental. De igual manera, en el marco del Programa de Alimentación Escolar, mediante la utilización de tabletas, las instituciones educativas reportan la gestión de los refrigerios, lo cual permite su monitoreo y control en tiempo real.

En contraste con estos avances, desde hace muchos años La Guajira ha estado sumida en una profunda crisis política e institucional y agobiada por las formas más perversas de corrupción. Políticos y gobernantes de este departamento han saqueado las arcas públicas y se han enriquecido a costa de sus habitantes, incluso de la vida de cientos de niños. Varios de los mandatarios han sido destituidos, otros están siendo investigados e incluso han sido condenados y están presos. Mientras tanto, los partidos políticos que han avalado a estos personajes se lavan las manos, no asumen su responsabilidad política y no les pasa nada. Y como si esto fuera poco, muchos ciudadanos siguen eligiendo a los mismos en cuerpo ajeno, e incluso algunos de sus seguidores han protestado violentamente por las decisiones judiciales que han desembocado en destituciones y capturas.

Lo que viene sucediendo en La Guajira puede ser la oportunidad para que el país comience a pensar en formas complementarias para combatir la corrupción. Por ejemplo, mediante mecanismos que permitan resarcirles a las comunidades el daño social generado por los corruptos. Este se refiere a pérdidas y daños individuales o colectivos generados por la corrupción y el reconocimiento de que los afectados son víctimas. Los daños pueden ser materiales o inmateriales, dependiendo de si pueden ser tasados en términos monetarios. A manera de ejemplos, los daños ambientales, la afectación de derechos fundamentales colectivos —seguridad, salud, educación y paz, entre otros—, caerían dentro de la primera categoría, y la pérdida de confianza y credibilidad en las instituciones, en la segunda. La reparación del daño social también puede ser material (en dinero o en especie) o simbólico, pero no puede ser un sustituto de las sanciones legales. Uno de los casos emblemáticos fue el de Alcatel en Costa Rica, al cual me referiré en otra columna.