Reversión no es para llorar

Felipe Zuleta Lleras
30 de julio de 2017 - 02:00 a. m.

El laudo arbitral de la semana pasada que condenó a los operadores Comcel y Telefónica a pagar a la Nación más de $4,7 billones es el final de la primera parte de una novela apasionante. Todo empezó cuando la valiente excontralora Sandra Morelli, en defensa del patrimonio público, prohijó una demanda en la Corte Constitucional cuya sentencia en 2013 fue el paso inicial para obligar a esos operadores a revertir los bienes utilizados en sus respectivas concesiones de telefonía celular, o a pagar su equivalente en dinero.

Diego Molano, el entonces ministro de las TIC, recibió con estupor dicha sentencia de la Corte Constitucional; al fin y al cabo afectaba directamente a su antiguo e inmediato patrono, Telefónica de España. Sin embargo, gracias a las advertencias de algunos de sus asesores, Molano, a regañadientes, tuvo que empezar los trámites para hacer valer en la práctica esa sentencia de la Corte. Finalmente, en febrero de 2016, con el objetivo de que ingresara al patrimonio público lo que le corresponde, se convocó el tribunal de arbitramento que profirió el miércoles anterior a favor de la Nación el laudo al que nos referimos.

Según cuentan, Comcel presentará una demanda ante un tribunal internacional para hacer trizas el laudo, y posiblemente Telefónica hará lo propio. Enarbolarán la seguridad jurídica, la garantía a la inversión extranjera y hasta el bienestar de los usuarios. Pero la verdad es que los operadores la sacaron barata. Si bien hay que reconocer la rectitud con la que actuaron los árbitros, de buena fe se dejaron seducir con argumentos que hicieron que la condena fuera mucho menor.

Ojalá un recurso de anulación en Colombia o la decisión de un tribunal internacional no echen abajo la decisión arbitral que celebramos. La Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, pero también la sociedad civil y los medios, tienen que estar muy pendientes de lo que suceda con el cumplimiento del laudo.

Comcel y Telefónica, además de telefonía fija y móvil, prestan los servicios de internet y televisión por suscripción. Ambas empresas llevan años transfiriendo riqueza a sus casas matrices y pertenecen a conglomerados multinacionales con ingresos anuales de billones de dólares y una capacidad casi infinita de hacer lobby a todo nivel. Recordemos que están a punto de lograr una sensible rebaja a la contraprestación que deben pagarle al Estado por la explotación en Colombia del negocio de televisión.

Notícula: Desde esta columna vengo advirtiendo hace años del detrimento al patrimonio público que causaría la capitalización del Estado colombiano en Colombia Telecomunicaciones (Telefónica) con la disculpa de las pensiones. Pues bien, hay que investigar si en la valoración que hicieron los españoles de esa empresa se contabilizó la red como si fuera de su propiedad; en virtud del laudo arbitral ahora resulta que era de todos los colombianos. ¿Qué opinan los acuciosos doctores Cárdenas y Echeverri?

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