Por: Nicolás Uribe Rueda

Revisionistas y discursos

Las políticas públicas son dinámicas y deben someterse a revisiones periódicas que evalúen su eficacia y pertinencia. La política contra las drogas no es la excepción y por lo tanto no debe resultar extraño que se demande la realización de estudios que den cuenta de sus aciertos, dificultades y frustraciones.

Incluso, parte del debate consiste precisamente en la formulación de ajustes y en la consideración de alternativas que puedan resultar más oportunas, socialmente más eficaces y económicamente más rentables. Pero el mundo de las políticas públicas va más allá de la deliberación académica. Su implementación tiene consecuencias positivas y efectos no deseados que deben también considerarse a la hora de tomar decisiones.

Pueden tener razón quienes han venido insistiendo en que aquello que ocurre en la actualidad no es suficiente. Coincido con ellos en las limitaciones de la política de criminalización y en los riesgos inherentes a su implementación. Pero al mismo tiempo, no encuentro respuestas concretas para lo que ellos denominan “las alternativas”, entendiendo por ellas la legalización o la regulación del consumo. Y lo digo no en la teoría, ni con base en la experiencia de los países nórdicos, sino en la práctica, en las actuales circunstancias.

Los revisionistas proponen, por ejemplo, tratar el tema de la droga desde la perspectiva de la salud y no desde la política criminal en relación con los adictos. Y en eso tienen razón, pero sus acciones no pasan de ser frases de cajón. Acaso no se percatan de que la reforma constitucional de 2009, aunque prohíbe el consumo, no encarcela al infractor y al mismo tiempo establece obligaciones oficiales para el tratamiento de quienes quieran acceder a programas públicos de rehabilitación. ¿Dónde están los revisionistas a la hora de poner en marcha esta oportunidad institucional para la creación de centros de atención a los adictos o para implementar políticas de prevención? Para eso no necesitan permiso de la comunidad internacional, sino la voluntad política de emprender con acciones aquello que de manera elocuente predican en conferencias y foros internacionales.

Y lo propio pasa con los que pontifican en tierras propias y extrañas diciendo que la legalización o la regulación del suministro de la droga por parte del Estado acaba de tajo con las mafias y el mercado negro. Ellos nunca se preguntan ni responden por los riesgos de tener una institución pública cultivando, procesando y distribuyendo comercial o gratuitamente dosis de marihuana o cocaína. ¿Acaso uno de estos revisionistas quisiera ser el nuevo responsable de la Dirección Nacional de Estupefacientes, entidad encargada de promover sin mafias el mercado legal de las drogas permitidas? ¿Acaso creen que así, quienes no tienen acceso legal a la droga se abstendrían de buscarla en el mercado negro y no habría nadie que desde la penumbra se la suministre?

La evaluación de la política contra la droga no sólo es un deseo sino una necesidad. Pero también es urgente que los revisionistas empiecen a acometer las tareas posibles por ahora para demostrar que lo que proponen funciona mejor que lo que tenemos en la actualidad. Sería bueno que empezaran por hacer algunos numeritos, que se entretuvieran construyendo el posible diseño institucional que proponen para poner a andar su propuesta y, sobre todo, que empezaran por promover políticas serias contra el consumo.

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